Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU destacó gestión de la Defensoría ante tribunales para cambiar cautelar a imputados privados de libertad en cárceles

El Representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, destacó la labor que ha desarrollado la Defensoría Penal Pública “al reaccionar y requerir la revocación de la prisión preventiva de un vasto número de casos a lo largo del país”, en carta enviada ayer a los representantes de los tres poderes del Estado -Gobierno, Congreso y Tribunales-, y al Defensor Nacional, Andrés Mahnke.
En su misiva, destacó además que el Ministerio de Justicia y DD.HH haya valorado la línea de acción de la Defensoría, en su intervención durante el debate del proyecto de ley de Indulto Conmutativo el pasado viernes 27 de marzo, en la Cámara de Diputados.
Jan Jareb explicó que el propósito de su comunicación es “transmitir algunos lineamientos clave para el tratamiento de la situación de las personas privadas de libertad con enfoque de derechos humanos”, dada la emergencia de salud pública provocada por el Covid-19.
Proyecto de Indulto Conmutativo
ACNUDH valoró, muy especialmente, el esfuerzo desplegado por el Ejecutivo para sacar adelante el proyecto de ley de Indulto Conmutativo, la que calificó como una “medida importante, que puede hacer la diferencia respecto al universo de personas condenadas a las que le resulte aplicable dicho indulto temporal, sea por su vulnerabilidad o por ser un vector de contagio” de acuerdo a los criterios definidos en la iniciativa legal.
En este sentido, llamó a los actores principales del ámbito de Justicia a abordar también la posibilidad de sustituir la medida de prisión preventiva “en todos aquellos casos en que el objeto de la medida cautelar se pueda cumplir fuera del recinto penitenciario, o bien revocarse del todo. Esto, pues según explica, dado el actual contexto sanitario la sobrepoblación representa un factor que pone en “serio riesgo” a las personas imputadas y condenadas y al personal encargado de su custodia.
Argumenta su solicitud diciendo que en los espacios penitenciarios “es prácticamente inviable” implementar medidas de prevención y tratamiento de salud para evitar el contagio del coronavirus o tratamientos de salud, entre ellos el aislamiento.
En el caso de las personas que están siendo investigadas por un delito, y que están privadas de libertad, la ACNUDH advierte que sus causas pueden demorar mucho más que en tiempos normales debido al funcionamiento parcial de los tribunales de justicia.
“En caso de personas no condenadas es de particular importancia que el Estado no los exponga al grave perjuicio de sus derechos a la salud y a un debido proceso. De ser necesario, la Administración deberá reforzar la capacidad del aparato público de ejercer un control adecuado de la medida alternativa que se decida, en la lógica de disponer de medios para cumplir fines que se estiman fundamentales”, destacando en este aspecto la iniciativa desarrollada desde fines de marzo por la Defensoría Penal Pública ante los tribunales de Justicia.
Gestiones frente a tribunales
Tras realizarse un levantamiento, con la cooperación de Gendarmería de Chile, la institución pudo determinar un universo cercano a las 1000 personas que están imputadas y privadas de libertad en todo el país y que están en altísimo riesgo sanitario. En este grupo se cuenta a las mujeres embarazadas, madres con hijos lactantes que están con ellas en la cárcel, mayores de 60 años y enfermos con enfermedades crónicas.
La carta enviada ayer por el representante del Alto Comisionado se suma a la guía para los Estados de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del 15 de marzo de 2020, sobre cómo abordar el Covid-19 dentro de los centros penitenciarios; a las recomendaciones del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, del 26 de marzo de 2020, sobre acciones que pueden realizar los gobiernos para proteger a las personas privadas de libertad durante la actual pandemia; y al pronunciamiento de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el 25 de marzo de 2020, en la que llama a tomar medidas urgentes para evitar que el coronavirus “cause estratos en las prisiones”.
La Oficina de la ACNUDH, de acuerdo con el mandato otorgado por la Asamblea General en su resolución 48/141, promueve y protege el goce y plena realización, para todas las personas, de todos los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y en las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos.
 

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