Universidad archimillonaria | EL DEBATE

En febrero de 2019, el HSBC en México emitió una alerta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sobre el arribo desde diversos países europeos de 151 millones dólares.Las huestes entonces al mando de Adalberto Palma pusieron lupa a las cuentas con números 7003234986, 4060282449, 4060782513, 4061368890, 6348352082 y 4061368908.Un año y cuatro meses después, el banco que dirige Jorge Arce es señalado por apropiarse los rendimientos de ese capital congelado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al mando de Santiago Nieto.Los dineros son reclamados por Gerardo Sosa Castelán y su Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y las alertas fueron parte del seguimiento a que el regulador sometió al banco.El HSBC, como sujeto obligado ante la CNVB, realizó de las denominadas guías de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) previstas en la ley.Pero, para el también exrector de la UAEH y político priista, el banco no actuó con ética y asegura que se plegó a los organismos de la Secretaría de Hacienda, CNVB y UIF, para perjudicar a su cliente.La historia de Sosa sobre los miles de millones de pesos que llegaron a México convertidos en dólares, y que en sus palabras “asustaron” a los ejecutivos de HSBC, se remonta a la década de los 90, cuando la universidad invitó a los académicos a constituir un fondo para su retiro.Fue en 1996 cuando, según sus argumentos, los trabajadores universitarios aceptaron aportar 8% de su salario, mismo que se sumaría a otras aportaciones de la universidad y del gobierno de Hidalgo.En pocos años, con recursos llamados extraordinarios que se obtuvieron por gestión de rectores y diputados con los gobiernos estatal y federal, se reunió en ese fondo un capital de más de mil millones de pesos.Se habla de la creación de un segundo fondo de infraestructura y mantenimiento, también con más de mil millones de pesos de origen no identificado, empleado presuntamente para edificar más aulas, contratar más profesores, o incorporar más equipo al trabajo universitario.Los fondos estaban en México en cuentas de Banamex, pero en 2016 se cambiaron a cuentas en dólares del Credit Suisse en Europa, en teoría para generar más rendimientos a un capital que ya se acercaba a los 3 mil millones de pesos.De acuerdo con la defensa de Sosa Castelán, estos son los 151 millones de dólares que la UIF y las resoluciones judiciales mantienen congelados desde el año pasado, los mismos que, aún con esta relatoría, carecen de un origen definido.El patronato usa estos argumentos para evitar el aseguramiento definitivo de sus cuentas, pero no ha logrado tampoco acreditar ante la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, el acelerado e inesperado crecimiento de su fondo de pensiones.Al tiempo, la UAEH atiza la preocupación entre sus trabajadores por el pago de sus salarios, incluso con oficios como el CAF/525/2020 de su Coordinación de Administración y Finanzas, en el que solicita la devolución de estímulos en cheques de la segunda quincena del mes de mayo.Aseguran que, de manera adicional a las cuentas radicadas en el HSBC, se mantienen bloqueadas otras 54 relacionadas con la operación de la UAEH, que serían utilizadas para el pago de aguinaldos, despensas, prima vacacional e Infonavit de los trabajadores universitarios.En la UIF ya han desmentido en repetidas ocasiones esa afirmación, por lo que, con subsidios estatales y federales íntegros y en total disponibilidad, la institución universitaria no tiene argumentos para dejar de cumplir con sus obligaciones.LA SEMANA PASADA hubo una videoconferencia entre los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y ejecutivos de Disney para tratar de resolver la desintegración de Fox Sports y sus equipos de futbol de la compraventa, como parte de la condición vigente para poder materializar la fusión de 21st Century Fox. La multinacional que preside Bob Chapek está ya en tiempo extra, pues recordará que pidió una prórroga y el plazo está por vencerse. Sin embargo lo que sorprendió mucho fue que Disney metiera a la reunión a su abogado general, Alan Braverman, y que éste solicitara al IFT dar marcha atrás a la decisión que tomaron. Esto es, pidió retractarse de una sentencia firme y vigente para que desaparezcan los condicionamientos que en su momento se pusieron a la fusión. Disney no se ha atrevido a hacer algo así con otros reguladores del mundo, pero tal parece que no le tiene mucho respeto a la instancia que preside interinamente Adolfo Cuevas. Utiliza para ello el tema de la pandemia del COVID-19, pero la realidad es que no tiene comprador serio y quienes especulaban que AT&T podría estar interesado, la realidad es que la multinacional que preside Randall Stephenson lleva 5 años con números rojos y en su corporativo no quieren gastar más dinero en una operación costosa y que ha sido muy cuestionada por inversionistas institucionales.
Últimamente se ha dedicado a esparcir rumores y vociferar en conjunto con su más fiel empleado y actual regidor, Miguel Medrano, respecto de su ascendente carrera y vínculos con el círculo político, pues asegura quieren aprovecharse de su ambicionada posición política para librarse no sólo de las acusaciones tanto penales como civiles que en su contra pesan, sino que además obtendrá grandes beneficios para sus empresas.SE VENCIÓ EL plazo para que la familia de Miguel Alemán y Corporativo Coral liquidaran a Televisa Radio el 50% de las acciones de la concesionaria. Otra vez incumplieron por falta de recursos. Sólo han pagado poco más de 530 millones de pesos, pero deben otro tanto. Es previsible que se reactiven litigios por el impago a efecto de cobrar nuevas penalidades. Esta historia tiene un nuevo capítulo: la incorporación a su defensa como abogado líder de Ángel Junquera, director general de la revista Mundo del Abogado. Es pareja de una sobrina de los Alemán, Diana Ramírez Magnani, con lo que cada vez más recurren al círculo familiar para la toma de decisiones. Por cierto, Junquera es el mismo que ahora aparece en las denuncias ante la FGR por el fraude dentro de la Cooperativa de La Cruz Azul, que comanda Guillermo Álvarez.



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