Fiscalía golpea la mesa y exige “respeto” tras ataques a Ximena Chong y críticas a la investigación por las muertes por Covid-19

El Ministerio Público manifestó su apoyo a los fiscales del país y ratificó su compromiso “con la protección de los derechos fundamentales de las personas, a través de investigaciones que dan plenas garantías de objetividad, seriedad y transparencia, lo que implica perseguir todos los actos que revistan carácter de delito, independiente de quienes lo cometan”.
Esta declaración escrita se da luego de las críticas la fiscal Ximena Chong, quien formalizó funcionario de Carabineros que lanzó un joven de 16 años hacia el Río Mapocho el viernes pasado en el puente Pío Nono.
Por ejemplo, el senador Iván Moreira (UDI) la acusó de ser una “activista política” y de tener una conducta distinta respecto a los casos que lleva adelante.
A esto, se suman las declaraciones del ministro de Salud Enrique Paris, quien entregó sus argumentos para no entregar los correos electrónicos solicitados por la Fiscalía Centro Norte en el marco de la investigación por las muertes relacionadas a la pandemia del COVID-19, señalando que la solicitud del Ministerio Público “resulta indiscriminada, imprecisa y de un alcance excesivo” y además “ha entorpecido la actuación del ministerio que dirijo”.
En un comunicado, el organismo calificó como “inaceptables los amedrentamientos a cualquiera de nuestros fiscales -como a cualquier ciudadano- y rechazamos del modo más enérgico que se pretenda atemorizarlos, por parte de cualquier persona o medio. Hacemos presente que, en su caso, instaremos porque se ejerzan todas las acciones legales que sean necesarias”.
En la declaración, manifestaron que “las actuaciones de los fiscales de Chile se basan en antecedentes objetivos, producto de las investigaciones que llevan adelante junto a las policías. Están investigaciones están siempre sujetas al control jerárquico y jurisdiccional y, por ende, ajenas a toda arbitrariedad”.
“En este contexto -agregan- exigimos respeto por la función que la Constitución y la ley nos encomienda y que constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

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