La Contraloría General de la República presentó este martes el informe final sobre el cumplimiento de las inhabilidades en la Municipalidad de San Ramón por la contratación de personas con antecedentes penales.
El informe de Contraloría, consignado por el medio Biobío, detalla que cuatro personas contratadas por el municipio tenían vínculos familiares con funcionarios que ocupaban cargos directivos, lo que viola el artículo 54.
También se pudo comprobar que 18 funcionarios que trabajaban a honorarios fueron contratados por la municipalidad a pesar de tener condenas.
Además, 36 personas contratadas entre 2014 y 2019 tenían anotaciones por crímenes o delitos en el registro de antecedentes penales del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Vale destacar que estas contrataciones no estaban registradas en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, por lo que la entidad comunal tendrá que finalizar dichos vínculos contractuales en un plazo de 60 días hábiles.
Otro detalle que reveló el informe de Contraloría, son desembolsos por $5.503.888 por servicios a honorarios sin que la municipalidad diera a conocer los respaldos de esos pagos.
Finalmente, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
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