Dictan formal prisión contra primer militar vinculado al caso Ayotzinapa

El Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión contra el capitán José Martínez Crespo por “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud”. La acusación es por presuntos vínculos con la organización Guerreros Unidos, a la que se atribuye la responsabilidad de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.
Aquella noche el capitán Crespo estuvo patrullando en Iguala al frente de un grupo de soldados. Por el momento, sin embargo, no hay acusación formal por participar de algún modo en la desaparición de los normalistas. El uniformado, por su parte, siempre ha defendido su inocencia. 
El capitán Crespo se entregó en la prisión militar adscrita a la 1 Región Militar ubicada en el Campo Militar No 1-A en la Ciudad de México el pasado miércoles, 11 de noviembre. Dos meses antes, el juez había emitido una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada. Según informó su abogado, Conrado López Hernández, las autoridades congelaron las cuentas de su pareja y de su hijo, lo que el militar consideró una forma de hostigamiento.
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Por el momento, el militar es investigado por su presunta relación con Guerreros Unidos. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la Fiscalía General de la República (FGR) apoyan su acusación en tres elementos: los patrullajes realizados por Crespo la noche de Iguala, los testimonios que acusan al capitán de recibir una nómina del grupo delictivo y las narcomantas aparecidas los meses posteriores a la desaparición de los normalistas en las que se señalaba al militar. El capitán formaba parte del 27 batallón de Infantería, presente en Iguala la noche de los hechos. 
La defensa de Crespo, sin embargo, argumenta que la acusación es “endeble” y que se basa únicamente en la declaración de un testigo protegido que asegura haber escuchado a una tercera persona que el militar estaba en nómina de Guerreros Unidos. En entrevista con Animal Político aseguró que su cliente ya fue investigado tanto por las autoridades militares como por la FGR durante los últimos cuatro años que estuvo en activo (lleva dos en la reserva) y que no encontraron pruebas para encausarlo. 
La decisión del juez obliga a que Crespo siga su proceso en la prisión militar. Estar en custodia en este recinto y no en una cárcel civil para garantizar su seguridad fue una de las condiciones que planteó el militar para entregarse. 
Las familias de los 43 estudiantes aseguraron en conferencia de prensa celebrada el lunes que Crespo es una figura clave en la desaparición de los normalistas y mostraron su temor a que existiese un acuerdo entre las autoridades y la Secretaría de la Defensa (Sedena) para exonerarle. Aseguran que existen testimonios de sobrevivientes que le ubican en diversos puntos de Iguala la noche del 26 de noviembre. Por ejemplo, hay declaraciones que le acusan de haber amenazado a algunos de los jóvenes con que no serían encontrados si no se identificaban. 
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Las órdenes de aprehensión contra militares fue una de las principales novedades hechas públicas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante el acto del pasado 26 de septiembre en el que se presentó el informe sobre los avances de la investigación seis años después de las desapariciones.
Cuando ocurrieron los hechos, el general Salvador Cienfuegos, que en aquel momento era secretario de la Defensa, aseguró que los militares ni siquiera estuvieron en Iguala, lo que posteriormente se demostró que no era cierto. El mismo día en el que Cienfuegos llegó desde Estados Unidos como hombre libre tras eludir las acusaciones por narcotráfico en Estados Unidos, el capitán Crespo supo que tendrá que seguir en prisión. 
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