El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio se mostró contrario al proyecto de indulto general para detenidos del estallido social, presentado ayer por un grupo de senadores de oposición.
Junto con rechazar la idea del proyecto, Bellolio enfatizó que “en Chile no existen presos políticos, lo que existe son personas que están presas porque hay tribunales de justicia independientes y una fiscalía que hizo un trabajo”.
“Este proyecto presenta impunidad frente a los hechos de violencia graves que han sucedido, nos parece que no va en la línea de lo que la ciudadanía quiere y viene a justificar la violencia”, dijo el vocero de Gobierno.
De acuerdo a La Tercera, el secretario de Estado planteó que “algunas de estas personas, por ejemplo, tenían antecedentes de violencia intrafamiliar, y es completamente incoherente que se pretenda decir que ellos lo que hicieron no es inadecuado cuando fueron tribunales y la fiscalía los que hicieron esa pega, no es el gobierno”.
“Por lo tanto, esta idea de justificar que si alguien comete delitos, o si tiene ese pasado de violencia intrafamiliar, o intenta quemar con una bomba molotov a un carabinero, intenta saquear, intenta destruir espacio público, me parece que es totalmente inadecuado”, finalizó.
Ministro Delgado: “Esas personas están privadas de libertad por haber cometido delitos”
Sobre este tema también se refirió el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien sostuvo que “las personas que están privadas de libertad al día de hoy son personas que no están presas por decir lo que piensan o por pertenecer a algún partido político determinado, ni por alguna ideología determinada, esas personas están privadas de libertad por haber cometido delitos”.
“Si uno se conecta con el sentimiento de la gente, la gente de la población, la gente de las villas, la gente de comunas populares (…) la gente quiere vivir en paz, necesitan tranquilidad y sería injusto para ellos este tipo de indultos”, dijo Delgado.
El titular de Interior también manifestó que “aquí estamos hablando de personas que lanzaron Molotov, personas que atentan contra la propiedad pública o privada de manera grave. No hay ninguna razón para pensar que esas personas sean homologables con una categoría de preso político, en donde una persona, como ocurre en varios países, es detenida por decir lo que piensa”.
Finalmente, señaló que “no entremos en ese tipo de confusiones. La justicia tiene que seguir adelante, las investigaciones tienen que seguir adelante, pero también no le corresponde al Gobierno determinar las medidas cautelares. Lo que se necesita es que la justicia haga las investigaciones y se asuman las responsabilidades de los hechos delictuales como corresponde”.
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