Grupo de Puebla apoya a ME-O en recurso ante la CIDH para recuperar derechos políticos

A través de declaraciones públicas, el Grupo de Puebla y su equipo jurídico CLAJUD (Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia) respaldaron la decisión del excandidato presidencial para recuperar sus derechos políticos, “luego que le fueran suspendidos, impidiéndole participar de un proceso histórico por el que él mismo ha venido luchando hace más de 10 años”.“Se trata de otra guerra jurídica -lawfare- a través de las que se está persiguiendo a líderes progresistas de la región coartando sus derechos políticos a elegir y ser elegidos, su movilidad o su arraigo geográfico”, explica la agrupación iberoamericana de líderes progresistas en la que participan 9 expresidentes, candidatos presidenciales y 2 gobiernos en ejercicio.“Apoyamos también su iniciativa al denunciar a organismos internacionales, la vulneración de su presunción de inocencia y la violación de su derecho a ser juzgado en un tiempo razonable, lo que ha sido sistemático contra líderes y procesos progresistas en América Latina”, recalcan el comunicado, firmado –entre otros- por los exmandatarios de Brasil Luiz Inácio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff; el expresidente de Colombia Ernesto Samper; su par por Ecuador Rafael Correa; el exmandatario de Paraguay Fernando Lugo; el candidato presidencial de Ecuador Andrés Arauz; y los chilenos Carlos Ominami, Karol Cariola, Camilo Lagos y José Miguel Insulza.Por último, rechazaron “esta forma inédita y agresiva de reemplazar las armas militares por la manipulación de recursos legales para detener cualquier pretensión política y propuesta progresista de reconstruir la esperanza, recuperar la dignidad, la verdadera soberanía y la justicia para nuestros pueblos”.Por su parte, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, representado -entre otros- por el juez Baltazar Garzón; la jurista brasileña Carol Proner, y la abogada y Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, anunció que realizará un seguimiento del caso para proteger las “garantías jurídicas, constitucionales y convencionales que, en situación de austeridad económica y política, parecen sacrificados por la utilización instrumental de procesos penales de excepción”.

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