Argentina deroga decreto que imponía controles más estrictos al ingreso de extranjeros

El gobierno argentino derogó el viernes un decreto de la administración anterior que imponía controles más estrictos al ingreso y estadía de extranjeros, lo que fue cuestionado por la oposición que afirmó que podría incentivar la entrada de delincuentes.Un decreto publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández anuló otro de 2017 del entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019) que había modificado aspectos de la ley de política migratoria y que -según el Ejecutivo- era “irreconciliable” con la constitución y “el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.Según el gobierno, varios de los aspectos negativos eran “la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal… la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar”.Pero Rogelio Frigerio, ministro del Interior de Macri, publicó su cuenta de Twitter que “lo único que hace el presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos”.La medida derogada imponía requisitos más estrictos para el ingreso a Argentina y agilizaba los trámites para la expulsión de extranjeros con antecedentes penales.Según el gobierno, ello no devino en “mejoras ponderables” y agravaron “exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.Agregó que “distintas sentencias judiciales declararon la inconstitucionalidad de diversos aspectos del decreto” y que el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, dependientes de las ONU “han expresado su profunda preocupación y han instado al Estado argentino a derogar dicho decreto”.Frigerio defendió en cambio la normativa de 2017 porque “aceleraba los procesos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales” respetando “todas las garantías reconocidas internacionalmente (doble instancia, revisión judicial efectiva y patrocinio letrado)”. Según el dirigente opositor, a raíz de ello bajaron los índices delictivos.El diputado opositor Luis Petri, de la Unión Cívica Radical, dijo a su vez que “abrirle las puertas a extranjeros con antecedentes penales no fomenta la patria grande sino la inseguridad”.

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