Salmonicultura sin control: Contraloría acusa una serie de faltas de fiscalización de Sernapesca, Subpesca y otros organismos estatales en el sector

Un informe de Contraloría General de la República (CGR) detectó diversas faltas en la fiscalización que realizan organismos estatales en las actividades de acuícolas de salmonicultura. De esta manera, denunció que estas irregulares fiscalizaciones impiden efectuar prevención en materia ambiental, resguardar la calidad de las aguas y los recursos ambientales.
De acuerdo a lo expresado en su informe de Auditoría N°335, Contraloría revisó las actividades de fiscalización y control que efectúa el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), y otros órganos de la Administración del Estado, para el período comprendido entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de marzo del 2019.
Durante la investigación, se detectaron diversas irregularidades. Por ejemplo, se encontró que Sernapesca no cuenta con un procedimiento que evalúe las actividades de acuicultura y que asegure que el titular localice sus balsas jaulas dentro del área concesionada. Tampoco contaba con un registro unificado y de respaldos de las actividades de fiscalización efectuadas en centros de cultivos de salmónidos durante 2019.
En cuanto a la Subpesca, el ente regulador detectó que no acreditó la realización de una evaluación formal y completa, con objeto de modificar los decretos que declaran áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, que se localizan dentro del perímetro de un parque nacional, entre otras irregularidades, como extensos lapsos de tiempo para la entrega de informes técnicos.
La Superintendencia del Medio Ambiente no se libra de las fallas detectadas por Contraloría, ya que constataron que no atendió oportunamente las denuncias de Sernapesca respecto de 10 centros de cultivos que estaban fuera de la concesión otorgada. Sobre este punto, la CGR solicitó a dicha entidad comunicar y respaldar las acciones ejercidas producto de la revisión y análisis de la ubicación de los centros en cuestión en el plazo de 60 hábiles contado desde la recepción del presente informe final.
En el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Contraloría evidenció que carecen de criterios objetivos y uniformes para asegurar que los proyectos acuícolas localizados en o próximos a áreas protegidas se evalúen de conformidad con la normativa correspondiente.
Además de esto, se evidenció la ausencia de un criterio uniforme respecto de los antecedentes requeridos sobre este punto en los ICSARA que fueron emitidos.

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