Convención aprobó declaración por presos mapuche y del estallido: pide celeridad en trámite de Ley de indulto y retiro de querellas por Ley de seguridad

Esta jornada los convencionales aprobaron realizar una declaración para solicitar el indulto a presos del estallido social y los detenidos mapuche.La mesa recibió dos propuestas de declaraciones, las que fueron sometidas a votación, y en las que se eligió por mayoría absoluta (105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones) el texto impulsado por una serie de convencionales de sectores del PC, el Frente Amplio y socialistas, por sobre la que promovió la Lista del Pueblo. En el texto se establece que “a casi un año y medio de ocurridos los hechos, vemos como hijas e hijos de nuestros pueblos han sido sometidos a la imposición abusiva de la prisión preventiva y el nulo avance de las investigaciones, muchas veces con pruebas de dudosa calidad entregadas por sus captores, sin control jurisdiccional, lo que ha afectado profundamente el respeto por las garantías fundamentales mínimas”.”La Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronuciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes”, añade el texto, que insta al trámite con máxima celeridad del proyecto de Ley de Indulto General que se encuentra en el Senado y al gobierno a dar suma urgencia legislativa a dicho proyecto y al proyecto de Reparación a Víctimas de DD.HH, asi como el retiro de querellas que invocan Ley de Seguridad del Estado.También el texto pide “la inmediata desmilitarización del Wallmapu” y que el indulto en las regiones del Biobío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde 2001 para los presos mapuche.Otras peticiones del texto son que el Ministerio de Justicia y DD.HH. termine la modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y se garantice el derecho de las personas privadas de libertad de origen indígena y, la implementación de una “política robusta de justicia que contribuya a la reparación integral de los perjuicios y los daños sufridos, de forma individual y colectiva, para quienes han sido víctimas de persecución, prisión política y vulneración sistemática a los DD.HH”.

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