Expresidente Lagos rechazó propuesta de la Convención que busca derogar secreto del informe Valech

La Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional aprobó la semana pasada una moción para derogar la cláusula de secreto de la Comisión Nacional Sobre Política y Tortura, más conocida como Comisión Valech.
De acuerdo a Emol, la instancia acordó dejar sin efecto la norma que embarga por 50 años la información entregada por las víctimas reconocidas por la Comisión Valech.
En ese sentido, los integrantes de esta comisión rechazaron esta propuesta. Por medio de un comunicado firmado por el expresidente Ricardo Lagos, advirtieron que aprobar esta moción en el pleno “afectaría gravemente la fe pública y defraudaría a las propias víctimas y familias”.
“Hacemos fe, de los antecedentes proporcionados por las víctimas y de la veracidad sobre la crueldad a la que se les sometió”, indicando que “todo aquello, lo que pudimos constatar por testimonios personales y otras fuentes probatorias tenidas a la vista conforme el propio informe”.
La misiva dice que “el mismo, se refirió a los dato recogidos, sin individualización de los y las declarantes, siendo la ley 19.992 (Ley Valech), la que impuso el secreto por 50 años. Esto, es hoy coherente con las leyes 19.628 y 20.120, que obligan al consentimiento informado del titular de datos personales, para permitir el acceso de terceros”.
“Un número importante de las victimas presentaron sus testimonios, sabiendo que sus casos no serían develados al público, incluyendo las formas de ejecución de los tormentos que sufrieron”, agregan.
En relación a la votación de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención, manifestaron que “sin pronunciarnos sobre la competencia que tendría o no la Convención Constitucional para hacer una cosa así, creemos que ella afectaría gravemente la fe pública y defraudaría a las propias víctimas y familias. Las atrocidades y vejámenes sufridos traspasaron todo respeto y racionalidad contra las víctimas, todas quienes merecen aun y por siempre la protección del propio Estado que en su tiempo les atacó”.
“Las víctimas, muchas fallecidas y entre las que viven, en su gran mayoría ya adultos mayores, merecen que se les respeten sus dolores, al igual que sus cónyuges, parejas, hijos e hijas, nietos y nietas, que en muchos casos no han conocido por años de los tormentos sufridos por sus familiares directos. Además, el secreto de los antecedentes, no rige para la víctima o en su caso respecto de sus familiares, en caso que esta hubiere muerto”, sostiene la declaración.
Así, enfatizaron que “estas personas o sus familiares sobrevivientes, si quieren, pueden darlas a conocer con su expresa autorización, para lo cual solo lo tienen que solicitarlas al INDH, actual depositario de todos los antecedentes conforme procedimiento previamente reglado”.
Por último, los integrantes de la Comisión Valech realizaron un llamado a “la mantención del secreto de la información particular de cada víctima. De igual modo, garantizar la privacidad de los archivos mientras no exista autorización de publicidad por parte de la víctima, en su caso personal o sus familiares sobrevinientes. Aquellos fueron los elementos de legalidad, espíritu y de fe pública involucrados como condición bajo la cual, las victimas presentaron”.
Dos informes de la Comisión Valech señalan que 40.018 víctimas de torturas y prisión política durante la dictadura de Augusto Pinochet, 3.065 de ellas muertas o desaparecidas.

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