El verdadero escenario del cabotaje marítimo

El gobierno ingresó recientemente a la Cámara de Diputados un proyecto que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante, con el objetivo de fomentar la competencia en el mercado de cabotaje marítimo, permitiendo, entre otros aspectos, que lo puedan realizar naves extranjeras. El cabotaje es el transporte tanto de pasajeros como de carga entre diversos puntos del litoral de un país.
 
De acuerdo a nuestra legislación actual, el cabotaje marítimo se encuentra reservado solo para las naves de bandera chilena. El proyecto que el Gobierno ingresó al Congreso modifica esta normativa con el objeto de abrir esta modalidad de transporte de carga para naves extranjeras, buscando de esta forma optimizar el uso de las naves, aumentando la oferta disponible, haciendo más competitivos los precios de transporte y, principalmente, aprovechar la ruta natural con que cuenta el país gracias a su extensa costa.
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La idea de liberar el cabotaje de carga y pasajeros es una idea que da vueltas desde hace mucho y cuya conversación resurge cada cierto tiempo. Hace 10 años, por ejemplo, era parte de la Agenda de Impulso Competitivo del Ministerio de Economía. La discusión de esta posibilidad ha sido tan larga ya que hay numerosos puntos a favor y en contra, principalmente centrados en la problemática de la carga.
A favor de la idea de liberar el cabotaje está el que existen numerosos barcos de carga de tráfico internacional que recalan en dos o más puertos chilenos, que cuentan con espacio disponible para efectuar el traslado de mercancías en contenedores como carga general o incluso partidas de gráneles, por lo que se haría un uso eficiente de esos espacios. De cumplirse las expectativas de las autoridades, el movilizar más cargas en barcos que sirven de todas formas en las rutas requeridas por el comercio interno, conduciría a un alivio vial producto de necesitar menor cantidad de camiones en las rutas, además de  un impacto positivo en materia de contaminación ambiental dada la menor emisión de CO2 por unidad de carga que representa el transporte marítimo (un impresionante 1:26 según la International Chamber of Shipping).
Pero hay varias vallas que salvar para que esos efectos realmente se materialicen. Un primer gran impedimento son los costos asociados al proceso de carga y descarga en los puertos del país. Si bien el espacio a bordo representa un costo marginal muy bajo, es necesario considerar los valores mencionados que son significativos en la matemática para determinar la competitividad del cabotaje.
El problema se presenta frente a la necesidad de subsidiar diversos tramos de transporte, especialmente en la Patagonia y territorios insulares, más la existencia de solamente una naviera de cabotaje sirviendo al país de norte a sur. Esto evidencia que es un mercado que, a pesar de contar con la protección de bandera, opera con márgenes muy estrechos.
Por otro lado, las navieras nacionales, a quienes la nueva norma afecta, no se oponen a la apertura, pero exigen reciprocidad, un principio que ha regido a nuestro comercio internacional (y también en el transporte de personas) desde hace décadas. La reserva de carga sigue siendo una realidad en la mayoría de los países, comenzando por nuestra región sudamericana. EEUU no solamente reserva el cabotaje a sus nacionales, si no que incluso las entidades del Estado están obligadas a preferir a sus navieras para el transporte internacional.
De acuerdo a mi visión, el progreso dado por el Gobierno al tema de apertura al cabotaje no traerá los beneficios buscados, en cuanto a aprovechar capacidad ociosa.  El efecto será más bien la llegada de empresas extranjeras a servir nichos muy específicos dentro del país, como en la distribución de combustibles, en el negocio de los cruceros domésticos o donde la actividad de transporte marítimo requiere naves de alta sofisticación.
 
 

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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