Una inquisición contra la supuesta “ideología de género”

Hace unos días se difundió un oficio presentado el 9 de julio de este año por los diputados Cristóbal Urruticoechea Ríos (Partido Republicano, ex-RN) y Harry Jürgensen Rundshagen (Renovación Nacional) en el que solicitaban al rector de la Universidad de Chile informar “sobre los cursos, centros, programas y planes de estudio que se refieran a temáticas relacionadas con estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo, detallando sus principales características e individualizando a los funcionarios o docentes que están a cargo de ellos”.
De inmediato, la Universidad de Chile publicó un comunicado para referirse con preocupación sobre la solicitud, manifestando “nuestra mayor alarma por las connotaciones de esta suerte de inquisición”. La Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile (ACAUCH) también rechazó tajantemente el requerimiento “por ser persecutorio, discriminatorio y estar en violación de los principios fundamentales de las leyes laborales y de las Universidades Estatales, estos son la libertad de expresión, la libertad de cátedra y la autonomía universitaria”. Ambas declaraciones destacan el error y la tergiversación que implica hablar de “ideología de género”.
Respecto de la solicitud, llama la atención que no se especifique la finalidad de la información, lo cual aumenta el tono persecutorio: es claro que trata de una suerte de “inquisición o de “cruzada” contra la llamada “ideología de género”. Es relevante señalar que ambos diputados ya han buscado legislar contra expresiones que se dieron en el marco de manifestaciones feministas y contra el uso del lenguaje inclusivo en el aula. Este año, presentaron tres mociones para modificar la Carta Fundamental al respecto: para “prohibir las acciones obscenas, impúdicas o con contenido sexual explícito, en marchas, protestas y manifestaciones sociales” (Boletín 14321-07, 17 de junio, en tramitación), para “prohibir reuniones y manifestaciones públicas contrarias a la familia, la moral y las buenas costumbres en que se ejecuten acciones obscenas, impúdicas o con contenido sexual explícito” (Boletín 14319-07, 16 de junio, retirado) y para “prohibir las alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el lenguaje, en la educación parvularia, básica y media” (Boletín 14272-07, 26 de mayo, en tramitación).
En Latinoamérica y el mundo ganan terreno los activismos “pro-vida”, fundamentalmente al alero de las Iglesias católica y evangélicas, los cuales levantan críticas hacia la llamada “ideología de género” que atribuyen al feminismo y a los movimientos LGBTIQ+. Hoy en día, estos activismos conservadores sostienen posiciones supuestamente científicas (Morán, 2012) para defender sus visiones sobre la ‘familia natural’, los roles tradicionales de género, la concepción binaria de los sexos, la prohibición del aborto, el rechazo hacia la homosexualidad y hacia la Educación Sexual Integral, entre otros asuntos. Cada vez más, se difunden estos mensajes como razonables y empíricos, despojándolos de sus dogmas religiosos y de sus propios compromisos ideológicos. Esto ha llevado a que los discursos de odio (como el “Bus de la libertad”) reclamen su lugar en la esfera pública en nombre de la libertad de expresión y del respeto hacia las diferencias, el cual -supuestamente- ya ha sido plenamente concedido a los movimientos feministas y de diversidad sexual.
Como estudiante de doctorado en temas de género y diversidad sexual, me parece gravísimo el requerimiento porque da cuenta de que, para un cierto grupo social y político, que además concentra el poder económico en Chile, es legítimo limitar y perseguir las actividades de investigación y docencia que se posicionan desde los feminismos y teorías queer para buscar transformar las estructuras sociales. El movimiento feminista chileno de 2018 tuvo una enorme influencia en generar consciencia crítica sobre el sexismo, la heteronormatividad y la violencia de género que están institucionalizadas, especialmente en la educación (Troncoso, Follegati y Stutzin, 2019). Estos avances culturales no pueden ser frenados por el miedo de un grupo que no transparenta sus compromisos ideológicos y que se posiciona desde la verdad.

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