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Presidenta del CPLT: “Los condenados por delitos de corrupción no sólo debieran perder sus escaños, sino que ser inhabilitados de por vida”



La necesidad de reforzar normas e instituciones del llamado ecosistema de transparencia e integridad pública para combatir la corrupción, así como elevar estándares en materia de financiamiento de campañas, dado que algunos montos aún se mantienen en reserva, o más sanciones en caso de delitos tributarios, son algunos de los desafíos que enfrenta Chile acorde a un balance de la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente.
Tras poco más de un año a la cabeza de la entidad y de haber sido nombrada para ocupar la presidencia del grupo de expertos en Transparencia y Anticorrupción de la OECD, la representante del CPLT se refirió a diversos temas vinculados a transparencia y en los que desde su perspectiva se debe continuar insistiendo para lograr avances concretos.
En materia de financiamiento y campañas políticas, apuntó al perfeccionamiento de las sanciones y a avanzar en integridad pública ante la comisión de irregularidades. “Los condenados por delitos de corrupción no sólo debieran perder sus escaños, sino que ser inhabilitados de por vida para presentarse a cargos públicos”, aseveró.
Agregó que “ampliar la titularidad de la acción penal cuando se trata de delitos tributarios, a propósito de las boletas ideológicamente falsas, que sólo el Servicio de Impuestos Internos y no otras instituciones podían presentar denuncias. Tenemos una legislación que ha ido avanzando, pero se ha quedado corta , y las sanciones, especialmente, deben ser acordes”.
Asimismo, advirtió sobre la importancia de continuar abriendo la información asociada a los aportes económicos de manera de “que se conozca más información”. Lo anterior dado que en la actualidad es posible mantener en reserva ciertos financiamientos a partir de un determinado monto.
A ello sumó la propuesta de fortalecimiento del Servicio Electoral (Servel). “Se debiera potenciar el rol que tienen organismos fiscalizadores como el Servel, para poder ir sobre la información que publican los partidos políticos, particularmente en campañas electorales; y ampliar el período de prescripción de los delitos que se cometen en materia de campañas electorales”. Esto, “porque lo que se estableció en la legislación de un año es poco tiempo”, espetó.
Anticorrupción y desafíos para Chile
Recientemente se oficializó el nombramiento de De la Fuente como presidenta del grupo de expertos en Integridad y Anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Al respecto reconoció el valor del trabajo que ha impulsado el Consejo en el exterior y “lo avanzado de nuestro sistema en materia de transparencia e integridad en lo público en general”, afirmó.
Sobre esto último comentó que Chile es reconocido en el exterior dado el ecosistema de transparencia e integridad pública, que además de contemplar una Ley de Acceso a la Información Pública –cuyo cumplimiento debe garantizar el Consejo-, también existen normas en materia de integridad y lobby, e instituciones que combaten la corrupción desde distintos ámbitos.
A modo de ejemplo mencionó la labor de la Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público, entre otras. “Aunque tenemos muy buenas herramientas, que son valoradas afuera, aún tenemos espacios en los que permean irregularidades”, apuntó.
Detalló que este conjunto de legislaciones y entidades hace exigible la rendición de cuentas y actúa como inhibidor de actos de corrupción. “Pero la corrupción también se va sofisticando y, por lo tanto, tenemos desafíos importantes como país”.
Puso acento en este sentido en el escaso avance en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que modifica algunas cuestiones de la Ley de Transparencia: “Llevamos tres años esperando la discusión ( y aprobación) de un proyecto que presentó esta administración, y que no ha logrado ver la luz”. Es “apenas una modificación acotada de lo que debiera ser una norma de acceso (a la información) que se haga cargo de hacer exigibles nuevos estándares”, dijo.
Reconoció, sin embargo, que no sólo se trata de perfeccionar normas e instituciones sino también “avanzar hacia una cultura de la transparencia”. “Una sociedad que se espanta frente a este tipo de cosas, es una sociedad que puede combatir adecuadamente la corrupción”, aseveró en conversación con medios regionales de El Mercurio.



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