El 7° Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite una querella contra los fiscales Héctor Barros y Milibor Bugueño por el polémico allanamiento a la sede de Comunes, producida la tarde del 19 de noviembre, a días de las elecciones de cores, parlamentarias y presidenciales.
La acción judicial, impulsada por el abogado Luis Mariano Rendón, acusa a ambos persecutores por los delitos de vejación injusta y violación de secretos.
Recordemos que el allanamiento se produjo luego de que el fiscal nacional, Jorge Abbott, abriera una investigación de oficio contra la excandidata a senadora de Comunes, Karina Oliva, por las millonarias boletas rendidas por su equipo de campaña.
“La Fiscalía solicitó una orden al tribunal, para que le diera las facultades intrusivas, y el tribunal se la dio condicionada a que hubiera resistencia al ingreso, pero acá evidentemente no hubo resistencia y todo indica que ni siquiera hubo comunicación a la directiva de Comunes”, señaló el abogado Rendón.
“Eligieron un horario en que no había nadie para tener el pretexto de descerrajar, pero tenía que haber resistencia. El problema no fue la orden, sino cómo se ejecutó”, añadió.
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