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Adolfo Millabur desdramatiza roces por consulta indígena de la Convención : «Somos 10 pueblos diferentes que por primera vez estamos tratando de colegiar una opinión común»



El debate fue tenso y ratificó que no hay una sola mirada dentro del grupo de constituyentes de Pueblos Originarios, que hay diferencias políticas. Las diferencias se evidenciaron en la discusión del primer documento base, que fue aprobado en general en noviembre, donde hubo 11 votos a favor y 9 abstenciones. A favor estuvieron constituyentes como Natividad Llanquileo, la machi Francisca Linconao, Isabel Godoy, entre otros, y entre quienes se abstuvieron estaban la presidenta de la CC Elisa Loncon, Luis Jiménez, Tiare Aguilera, entre otros. En este documento se incorporaban propuestas de norma constitucional.
Ese último punto es el que no tenía conformes a quienes se abstuvieron, que presentaron una indicación sustitutiva, aprobada el lunes – de autoría de Tiare Aguilera, Rosa Catrileo, Lidia González, Elisa Loncon, Luis Jiménez e Isabella Mamani – y que fue aprobada por 13 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones. Esto reabrió la tensión y los emplazamientos, que no incluye propuesta de norma constitucional, sino que apuesta porque sean las comunidades las que planteen los temas a considerar.
“A los pueblos que no nos sentimos representados en ese documento nos han pasado a llevar lamentablemente, nos pasaron máquina y de verdad que estamos preocupados”, dijo Isabel Godoy. Elisa Loncon respondió que “eso no tiene que ver con el lenguaje de los convencionales constituyentes de las naciones originarias. Cuando se habla de pasar máquina, es lo que hablan los partidos políticos y aquí somos independientes”.
Sin embargo, el constituyente Adolfo Millabur, del pueblo mapuche, desdramatizó estos roces y los consideró como algo natural, tanto dentro de cada pueblo indígena como dentro del mismo grupo de constituyentes. Sostuvo que por ejemplo desde el mundo mapuche, al que pertenece “hay grupos de personas, dirigentes o distintas sensibilidades que no están de acuerdo ni con que nosotros estemos en la Convención. Es un pueblo que tiene diversidad y naturalmente van a haber discrepancias”.
“Yo soy parte de la diversidad e un pueblo que no tiene por qué opinar uniformemente y eso enriquece el debate, como todos los contenidos de la CC. Hay debate interno, hay distintos colectivos y no hay que perder de vista que somos 10 pueblos diferentes y que por primera vez estamos tratando de colegiar una opinión común para poder llevar adelante una consulta, y eso yo no o dramatizo”, dijo Millabur.
En esa línea, puntualizó que en su visión, “gran parte de los documentos que no fueron debatidos van a ser incluidos, porque el que aprobamos es un documento base”. Eso, precisamente para algunos, será clave el viernes: poder incorporar indicaciones que permitan hacer frente a “vacíos” que tiene la indicación sustitutiva aprobada el lunes.
La principal crítica que realizan quienes rechazaron esa indicación sustitutiva es que transformaría esta consulta indígena en una mera participación. El constituyente del PC Marcos Barraza, sostuvo que “Lo que se aprobó en el reglamento de consulta – el primero aprobado – fue un proceso de participación y consulta, y eso significa garantizar indistintamente de la escasez de recursos, de los plazos acotados, un procedimiento donde los pueblos tengan participación amplia y especialmente a través de sus organizaciones representativas, tal como define el convenio 169 de la OIT, y a la vez un procedimiento de consulta, que tiene un estándar que está debidamente reglamentado por ese convenio”.
Agregó que “lo que no puede ocurrir es que se desdibuje la consulta y sólo se establezca participación. La tensión por ausencia de recursos o de plazos óptimos no puede dar paso al debilitamiento del proceso de participación y consulta”.
¿Y los recursos?
Fue la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, quien afirmó que “está en riesgo la participación y consulta indígena, porque no tenemos los recursos para realizarla, porque no tenemos la colaboración del poder constituido para hacer la participación indígena”.
En conversación con El Mostrador, el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, reiteró que no ha existido ninguna solicitud formal de la Convención sobre aumento de presupuestos para participación ciudadana. “Nos vimos claramente sorprendidos con la declaraciones de la presidenta de la Convención. Lo primero es que tanto en la negociación informal del presupuesto como en la negociación que tuvimos para hacer frente al aumento que la CC hizo de sus asignaciones, como en las del presupuesto 2022, no hubo ninguna petición especifica sobre aumento de recursos para una eventual participación y consulta indígena”, dijo Pavez.
El subsecretario añadió que en la comisión mixta de presupuesto, el vicepresidente Jaime Bassa, “hizo un llamado a tener la flexibilización necesaria para que la CC pueda presupuestariamente cumplir su cometido, ante lo cual el Ejecutivo y los parlamentarios estuvieron de acuerdo y por eso se aprobó tal cual”.
Pavez puntualizó también que existe voluntad de hacer los esfuerzos necesarios para cumplir los requerimientos, pero deben hacerse de manera formal, tal como se hizo con el viaje de la Convención a la región del Bío Bío. “Nos parece injusto que se impute a una reunión de carácter político de temas generales con los ministros de la Segpres y Desarrollo Social para señalar que aquí se ha negado la posibilidad de entregar recursos. Desde el Ejecutivo tenemos toda la voluntad si las cosas se hacen como corresponde”.
El presupuesto de participación ciudadana para el año 2021 es de 500 millones de pesos, de los que ya 360 millones se utilizaron en el viaje al Bío Bío. Como proyección, en concordancia con los meses que le resta a la CC, se aprobaron 250 millones para el año 2022. Todo esto dentro del subtítulo 24, donde también van los dineros de las asignaciones.
Constituyentes aseguraron que recién una vez terminado el proceso de votación del documento base, la secretaría técnica de Participación Popular podrá tener una estimación del presupuesto que se requiere para la realización de la consulta. Con eso claro, la Convención deberá realizar la solicitud formal a la Segpres, a través de una transferencia de recursos, aumento del respectivo subtítulo o incluso existe una vía a través del Tesoro Público. La fórmula dependerá del monto y el plan de gastos.



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