El 2021 cierra sin nuevas denuncias ni indagatorias vs expresidentes

La consulta popular que se realizó este año para preguntar si se debían indagar delitos del pasado (y que fui promovida por el gobierno como un juicio a los expresidentes) no ha arrojado, hasta ahora, algún resultado. El 2021 cierra sin denuncias presentadas o investigaciones en curso a partir de dicho ejercicio cuyo costo superó los 500 millones de pesos.
La única nueva acción que se ha anunciado es la creación de una comisión de la verdad para indagar las violaciones a derechos humanos durante el periodo de la llamada “guerra sucia entre 1965 y 1990”. Sin embargo, dicho organismo aun no ha comenzado a operar y de acuerdo con Jacobo Dayán, experto en derechos humanos, se trata de una “gran simulación”.
“Es una comisión creada en su mayoría por funcionarios, sin presupuesto propio y sin que exista ninguna garantía de colaboración con el Ejército. Y de la gran comisión que realmente se necesita y se prometió en campaña no hay nada”, advirtió.

De acuerdo con autoridades federales consultadas por Animal Político, ni la Fiscalía General de la República (FGR)ni el Poder Judicial federal tiene en marcha alguna carpeta de investigación o proceso penal relacionado con ilícitos donde figuren como presuntos responsables algunos de los expresidentes.
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Lo anterior debido a que no se han presentado denuncias en contra de ninguno de ellos luego de la referida consulta realizada el 1 de agosto. En específico tampoco se han presentado querellas en contra de los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón o Vicente Fox, cuyos rostros fueron utilizados por Morena para impulsar una campaña pública a favor del sí en la consulta.

Lo que único que existe, indicaron las autoridades, son indagatorias que ya se habían abierto con anterioridad por posibles hechos de corrupción de exfuncionarios de dichas administraciones, particularmente de los últimos dos sexenios.
Entre esos casos figuran los conocidos como “La Estafa Maestra” y “Odebrecht”, así la indagatoria por la desaparición de los normalistas de “Ayotzinapa” en 2014, entre otras. En dichas investigaciones tampoco se ha logrado fincar, hasta ahora, algún tipo de responsabilidad penal en contra de los exmandatarios.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), instancia del Sistema Nacional Anticorrupción responsable de indagar los delitos y posibles responsabilidades de los servidores o exservidores públicos involucrados, tampoco reporta ninguna indagatoria en curso en contra de los expresidentes o sus administraciones.
En la administración del fiscal Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, para la apertura de una indagatoria se ha privilegiado el requisito de la denuncia directa ante el Ministerio Público. Dicha denuncia puede ser presentada por particulares, o por algunos de los órganos del Estado responsables de indagar irregularidades que deriven en posibles responsabilidades penales como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera o la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, entre otros.
Pero hasta ahora ninguna de esas instancias ha presentado denuncias penales contra los expresidentes a partir del ejercicio de la consulta popular, según lo confirmado por autoridades ministeriales a este medio. Tampoco se han hecho anuncios públicos al respecto.
Accidentado… y costos ejercicio
De forma similar a como ocurre ahora con el ejercicio de revocación de mandato, la consulta popular que el gobierno y Morena promovieron como una consulta para saber si se debía enjuiciar a los expresidentes generó fuertes fricciones con el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano constitucional responsable de organizarla.
El punto central de la disputa fue el presupuesto. El INE llegó a estimar que se requerían recursos del orden de los mil 500 millones de pesos para llevar a cabo este ejercicio, sin embargo, la Cámara de Diputados recortó el presupuesto destinado a este organismo para 2021 y no se contempló alguna partida especial para la realización de la consulta.
El INE insistía en la necesidad de contar con un presupuesto especial para este ejercicio dado que requería formalidades establecidas en la Constitución, pero la mayoría de Morena y partidos aliados no lo consideraron procedentes, y disminuyeron en poco más de 800 millones de pesos el presupuesto a este instituto privilegiando una política de austeridad.
El Instituto promovió una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fue desechada por el máximo tribunal, bajo el argumento de que no existía obligación del Congreso de asignar un presupuesto específico para esto.
En ese contexto el Consejo General del INE tuvo que realizar ajustes a su presupuesto y finalmente se llevo a cabo el ejercicio para el cual se asignaron 528 millones de pesos. Los consejeros explicaron que el dinero se obtuvo aprovechando ahorros que se tenían del ejercicio anterior. Operativamente esto se vio reflejado en la reducción de las casillas de votación las cuales quedaron en 91 mil en el país, por debajo de las más de cien mil que se habían estimado inicialmente.
Otra polémica en torno a este ejercicio tuvo que ver con la pregunta. La propuesta del gobierno de López Obrador era preguntar directamente a las personas si se debía proceder en contra de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto por los delitos que pudieron haber ocurrido en sus gestiones. Sin embargo, la mayoría del pleno de la Corte estimó que esto era improcedente y violatorio del principio de presunción de inocencia, por lo que reajustaron la redacción para dejarla como una consulta sobre “acortes políticos” del pasado.
Tanto el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, como el titular del INE, Lorenzo Córdova, insistieron en que el ejercicio estaba orientado a crear comisiones de la verdad sobre hechos relacionados con corrupción o violaciones a derechos humanos. Pero el gobierno y Morena siguieron promoviéndola como un ejercicio de consulta sobre enjuiciar a los expresidentes.
Miles de volantes y posters en papel se colocaron con sus rostros en las calles para invitar a la gente a participar, y hasta se creó un sitio web para promoverla.
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La consulta popular se llevó a cabo el 1 de agosto y el resultado, como se preveía, fue abrumador en favor del sí a indagar los hechos del pasado con más del 90 por ciento de los votos que se emitieron. Sin embargo, en términos de participación solo acudieron a votar el 7 por ciento de los ciudadanos que podían hacerlo, muy por debajo del 40 por ciento que se requería para que su resultado fuera de carácter obligatorio.
El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, acusó al presidente del INE de “sabotear” la consulta al solo haber instalado un tercio de las casillas contempladas originalmente. Pese a ello el presidente López Obrador consideró el ejercicio como un éxito y dijo que se actuaría en consecuencia.
Una comisión corta, cuestionable e insuficiente
El 6 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto del presidente López Obrador a través del cual se crea la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”. En síntesis, una comisión diseñada para indagar actos cometidos contra opositores político en lo que se conoce popularmente como “guerra sucia”.
La administración de esta comisión y su puesta en marcha quedó a cargo de la Secretaría de Gobernación y se estableció que seis de sus 11 integrantes fueran representantes del gobierno. A ellos se suman otros cinco expertos propuestos por la propia Segob en conjunto con colectivos de víctimas y Naciones Unidas.
El 29 de octubre se anunció la selección de los expertos que integrarían la comisión. Desde esa fecha hasta ahora no se han detallado mayores avances.
Para Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, la constitución de esta comisión es una “simulación”, pues se trata de un órgano controlado por el gobierno, que carece de autonomía presupuestaria y lo más importante: sin facultades reales para conseguir la cooperación del Ejército Mexicano, institución responsable de muchos de os abusos que se pretende indagar.
A lo anterior se suma que los hechos que se pretende indagar no abarcan los sexenios de ninguno de los expresidentes planteados en la propaganda del partido oficial y del gobierno y, por ende, tampoco hechos de corrupción o de violaciones a derechos humanos recientes como los cometidos en el contexto del combate al crimen organizado o la denominada “guerra contra el narcotráfico”.
En entrevista con Animal Político, Dayán recordó que sigue sin crearse es la “gran comisión de la verdad” comprometida por el presidente López Obrador en campaña ante los colectivos de víctimas.
“Se han negado a crear esta comisión de la verdad y menos de manera independiente, autónoma, con presupuesto y voluntad política. Y tampoco se ha querido implementar los mecanismos de justicia transicional. Hoy (el presidente) ha vuelto a repetir que confía en un fiscal General pese a la impunidad brutal que prevalece y los escándalos”, señaló el especialista.
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Dayán subrayó además que el proceso de militarización en el que se encuentra el país es una señal contradictoria respecto a las presuntas intenciones de privilegiar el respeto a los derechos humanos. Cuestionó además que apenas, a mitad del sexenio, se haya anunciado un plan de reparación a las víctimas sin que exista certeza de como se aterrizará.
“Ni verdad, ni justicia ni reparación, ni búsqueda de desaparecidos, ni garantías de no repetición, ni nada. Lo mas evidente es el control político de la verdad y la justicia. No quieren soltar eso”, concluyó.
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