FGR imputa a 16 exfuncionarios penales por sobreprecio en contratos

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a 16 exdirectivos del sistema penitenciario federal por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, más el delito de asociación delictuosa a tres de ellos.
La audiencia por el caso inició el lunes por videoconferencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la cual se terminó de formular imputación por los delitos que se les atribuyen.
Este martes continuará la audiencia, a partir de las 10:00 horas, con la réplica de las respectivas defensas y posteriormente la resolución correspondiente a la vinculación o no a proceso.

De acuerdo con el diario Reforma, después de intentarlo durante siete meses, la FGR logró la imputación contra 16 de los 20 exfuncionarios involucrados en el caso del presunto sobrecosto de más de 62 mil millones de pesos en los contratos de prestación de servicios privados en ocho prisiones de alta seguridad.
Estos contratos, señaló el mismo medio, fueron otorgados en 2010 y 2011 a las empresas ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco por casi 270 mil millones de pesos.
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Se les atribuye un pago con sobreprecio en los contratos de construcción y prestación del servicio en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) de Sonora, Oaxaca, Coahuila, Durango, Morelos, Chiapas, Michoacán y Guanajuato.
Entre los imputados por uso indebido de atribuciones y facultades está Jannet Miriam Martínez Sánchez, ex directora de Adquisiciones del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y Javier de Haro Alva, exdirector del órgano.
Así como Antonio Corona Rodríguez, María Lidia Alcantar Vargas, Celina Oseguera Parra; Sergio Alberto Martínez Castuera, José Ariel Morales López, Miguel Vial Hernández; Salvador Camacho Aguirre, Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz, Saúl Castro Castro y Alma Delia Sánchez Ocampo.
A quienes también se les imputó por el delito de asociación delictuosa son Gonzalo Villarreal Guerra, excoordinador de los Centros Federales, Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de adquisiciones de los Centros, y Arturo Sosa Viderique, exdirector general de Administración de la ex Coordinación General de Centros Federales.
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Estos últimos serían quienes suscribieron los ocho contratos de centros penales durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad.
Así lo informó en la conferencia matutina presidencial del 13 de enero de 2021 la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; en la cual también detalló que con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se analizaron estos contratos.
El entonces consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, indicó que uno de los contratos, por casi 270 mil millones de pesos, se asignó en la administración federal antepasada por adjudicación directa.
Con información de Reforma (suscripción necesaria).
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