Comisión de Derechos Fundamentales de la CC aprobó en general iniciativa que busca el derecho a la restitución de tierras indígenas

Durante este viernes, la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobó en general la norma que indica que “los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la recuperación, restitución, reconstitución y reclamación de las tierras, territorios, maritorio, bienes naturales y las aguas que tradicionalmente han ocupado, ya sea que se encuentren en manos de terceros o particulares o el fisco”.
La iniciativa que establece que es deber del Estado “satisfacer las demandas de recuperación y restitución” fue presentada por el convencional Adolfo Millabur (Pueblo Mapuche) y otros escaños, logró 24 votos a favor y 9 en contra.
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El proyecto
Su primer articulo señala que el Estado de Chile “reconoce la desposesión, usurpación, expoliación y despojo de las tierras, territorios y bienes naturales que han sufrido los pueblos y naciones indígenas a causa de la violencia estructural e histórica, por el aprovechamiento de sus costumbres o por el desconocimiento de las reglas jurídicas, y que hayan sido confiscados, apropiados, ocupados, utilizados o dañados por razones ajenas a su voluntad”.
Los convencionales que se mostraron contrario a la norma fueron: Luis Barceló y Felipe Harboe del Colectivo Apruebo; y los representantes de Vamos por Chile Rocío Cantuarias, Claudia Castro, Teresa Marinovic, Alfredo Moreno, Katerine Montealegre, Manuel José Ossandón y Bárbara Rebolledo.
La iniciativa plantea que el Estado tiene seis meses -después de la entrada en vigencia de la nueva Constitución- para formar la “Comisión Plurinacional de Catastro, Demarcación y Titulación Territorial Indígena”, con la finalidad de “recibir las demandas territoriales de los pueblos y naciones indígenas y confeccionar un catastro de las tierras y bienes que se encuentren en posesión o dominio de terceros, particulares o el fisco, para luego elaborar un plan de demarcación, registro o titulación y/o restitución”:
Además, se debe crear dentro de dos años un Tribunal Especial de Tierras, Territorios y Aguas Ancestrales Indígenas, el cual será un estamento independiente, y su labor será dar solución a los reclamos, acciones y recursos interpuestos contra las resoluciones y recomendaciones de la Comisión Plurinacional.
El tribunal “podrá recurrir a la expropiación, para lo cual siempre se considerará que la recuperación y restitución de tierras, territorios y bienes naturales indígenas es de utilidad pública y social, y una justificada limitación al derecho fundamental a la propiedad privada”, según indica la norma.
A su vez, la idea sostiene que se pueden aplicar “otras formas de reparación o rehabilitación complementarias, preferentemente tierras, territorios y bienes naturales de igual extensión y calidad a las desposeídas, usurpadas, expoliadas o despojadas u otros remedios no pecuniarios, previamente y de buena fe, con los pueblos y naciones indígenas, en atención y pertinencia a su cosmovisión, desarrollo económico, político, social, cultural y espiritual”.
Otra propuesta
También se visó una propuesta firmada por Janis Meneses (MSC), Natalia Henríquez (Pueblo Constituyente) y otros independientes, que señala que el Estado y los Pueblos Originarios “debe adoptar todas las medidas administrativas y legislativas o de otra naturaleza que sean necesarias para el reconocimiento, demarcación, registro o titulación y restitución de las tierras, territorios y maritorio indígena”.
“La propiedad indígena en sus diversas manifestaciones, goza de protección especial, no pudiendo ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas del mismo pueblo”, agrega la norma.
Obtuvo la aprobación con 24 votos a favor y nueve en contra de Adriana Cancino (Col. Socialista), Felipe Harboe (Col. del Apruebo) y Rocío Cantuarias, Claudia Castro, Teresa Marinovic, Alfredo Moreno, Katerine Montealegre, Manuel José Ossandón y Bárbara Rebolledo, de Vamos por Chile.
Ahora se abre un plazo para generar posibles indicaciones para modificar las propuestas visadas, luego se vota en particular. Una vez superados esos obstáculos pasa a ser discutida en el Pleno y si obtiene los 2/3 (103) de los constituyentes, la norma estará en la nueva Carta Magna.

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