Los gobiernos de Tabasco y Veracruz dejan caducar miles de medicinas

Los gobiernos de Tabasco y Veracruz, ambos de Morena, dejaron caducar miles de cajas de medicinas para atender diversas enfermedades, como cáncer, diabetes y VIH, mientras colectivos advierten sobre desabasto en hospitales públicos.
En el caso de Tabasco, la secretaria de Salud de la entidad, Silvia Roldán, reconoció que las autoridades tienen alrededor de 100 mil cajas con medicamentos que ya caducaron. 
Ante medios, argumentó que esas medicinas no pudieron ser distribuidas a tiempo porque la pandemia de COVID-19 afectó las tareas de reparto. Entre lo ya expirado hay insulina contra la diabetes, fármacos oncológicos y antivirales.

“Se compró y se paró el poder distribuir esos antivirales porque salieron las líneas de que no servían, acuérdense que batallamos contra una enfermedad que no conocíamos”, dijo la funcionaria.
Roldán forma parte del gabinete de Carlos Manuel Merino, quien asumió el gobierno de Tabasco en agosto de 2021, luego de que el entonces gobernador, Adán Augusto López, fuera llamado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la Secretaría de Gobernación (Segob) en lugar de Olga Sánchez Cordero.
El caso de Tabasco se suma al de Veracruz, donde gobierna Cuitláhuac García y el 11 de mayo el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) informó en un comunicado que, tras una inspección al almacén central de la entidad en Xalapa, la capital, encontró 884 mil 822 piezas cerca de expirar.

Principalmente se trata de medicamentos oncológicos con una caducidad menor a nueve meses, por lo que las autoridades ya trabajan “en las gestiones necesarias para ver qué medicamentos están próximos a caducar e implementar ajustes para aprovecharlos”.
Según el comunicado del Insabi, el director del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Avelino Guardado Sánchez, “reconoció que hacen falta espacios para el mantenimiento y conservación de los medicamentos y (afirmó que) trabajan en ello”.
La situación en ambas entidades del país se produce en un contexto en el que colectivos y familias denuncian que hay desabasto en hospitales públicos, en particular, de medicamentos para tratar el cáncer.
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