Aborto y Corte

“Es esencial para la igualdad de la mujer ante el hombre que ella sea la que tome la decisión, que su elección sea definitiva”. Ruth Bader GinsburgEl fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, 6 votos contra 3, que permite a los estados prohibir el aborto es y será una tragedia para millones de mujeres. Los ministros las están despojando de un poder de decisión que solo debería ser de ellas y no de los políticos. Desde un punto de vista jurídico, sin embargo, entiendo la sentencia; Roe v. Wade, el fallo 7-2 de 1973 de la Corte que legalizó el aborto, tuvo siempre pies de barro. 
El dictamen de Roe fue redactado por el ministro Harry Blackmum, quien infirió que la decimocuarta y la novena enmiendas constitucionales creaban un “derecho a la privacidad” que permitía “la decisión de una mujer de terminar su embarazo”. El problema es que ninguna de las dos enmiendas menciona el aborto o siquiera la privacidad. La decimocuarta fue promulgada en 1868 para proteger los derechos de los negros emancipados de la esclavitud y simplemente reconocía la igualdad de los ciudadanos. La novena, impulsada por James Madison, establecía que “La enumeración en la Constitución de ciertos derechos no será interpretada para negar o menospreciar otros que retiene el pueblo”. Ruth Bader Ginsburg, reconocida luchadora por los derechos de la mujer, declaró en 1993, al comparecer ante el Senado para ser nombrada ministra de la Corte, que permitir al Estado controlar la decisión sobre el aborto “sería negar cabal autonomía y cabal igualdad” a las mujeres. En 1992 había señalado que el fallo de Roe no era jurídicamente sólido: no debió sustentarse en el derecho a la privacidad, dijo, sino en la igualdad de las mujeres ante la ley. El nuevo fallo, Dobbs v. Jackson, que se dio a conocer el 23 de junio, fue redactado por el ministro Samuel Alito, quien argumentó que “Roe estuvo enormemente equivocado desde un principio. Su razonamiento fue excepcionalmente débil. Es tiempo de prestar atención a la Constitución y de devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”. Dobbs no prohíbe el aborto, pero da a los estados la facultad de legislar sobre él. De inmediato han entrado en vigor leyes que lo restringen y se esperan nuevas prohibiciones en estados conservadores en un futuro próximo. 
  Si bien es clara la debilidad jurídica de Roe, las consecuencias de su derogación serán brutales. Cada estado reconocerá derechos distintos, o ninguno, a las mujeres que deseen abortar. Algunos prohibirán la práctica, aun en casos de violación, incesto o peligro a la vida de la madre. Como es difícil distinguir entre un aborto inducido, terapéutico o no, y uno espontáneo, se reanudará el acoso judicial a embarazadas, muy común antes de Roe, que sufran un aborto. El gobierno se meterá en la vida personal y el cuerpo de las mujeres. Los médicos no se atreverán a realizar procedimientos terapéuticos por miedo a ser procesados. Mi posición es que el Estado nunca debe castigar a una mujer o a un médico por un aborto. Bastante difícil es para una mujer tomar una decisión tan personal como para que los políticos o los policías se entrometan. Sí estoy de acuerdo, en cambio, en impulsar políticas públicas que disminuyan los embarazos no deseados. Los políticos conservadores que quieren penalizar el aborto, sin embargo, son los mismos que buscan impedir la difusión y distribución de anticonceptivos que impedirían los embarazos no deseados y los abortos. Es una enorme hipocresía. Privacidad
El ministro Clarence Thomas, quien en su audiencia ante el Senado de 1991 declaró que la Constitución reconocía el derecho a la privacidad, ahora lo niega. Peor, afirma que la Corte debe reconsiderar los fallos que han permitido, sobre la base del derecho a la privacidad, las relaciones homosexuales, el matrimonio igualitario y el acceso a anticonceptivos.



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