Corte Suprema ordenó a Delegación Presidencial del Biobío adoptar las «coordinaciones necesarias» para evitar hechos de violencia en la región

Durante este lunes, la Corte Suprema, acogió el recurso de protección interpuesto por victimas de “violencia rural” y ordenó a la Delegación Presidencial del Biobío adoptar las “coordinaciones necesarias” que prevengan la reiteración de ataques y el registro de otros siniestros en la región.
Según informa Emol, la tercera sala del máximo tribunal, en fallo dividido, revocó la sentencia impugnada dictada previamente por la Corte de Apelaciones de Concepción y, en su lugar, acogió la acción cautelar tras reflexionar que “existen riesgos evidentes de afectación al derecho a la integridad física, psíquica, libertad ambulatoria y de propiedad de los recurrentes”.
La resolución -previamente dictada por la Corte de Apelaciones- daba cuenta de la decisión de revocar una medida de protección emitida por la Fiscalía Regional de Biobío, en la cual se disponía a personal de Carabineros para que realizaran rondas periódicas en las propiedades de las personas que están sindicadas como “victimas de violencia rural”. Ante esto, los afectados determinaron interponer un recurso en contra de la delegación.
“No puede perderse de vista que el enfoque primordial debe estar en la adopción de medidas tendientes a prevenir tales contingencias para el caso concreto, por cuanto advertida la falta de eficacia de las políticas implementadas para enfrentar este tipo de sucesos, cabe demandar de la autoridad facultada que adopte las medidas de resguardo que se requieran, conducentes a evitar las consecuencias perniciosas a que se han enfrentado el conjunto de recurrentes, a causa del particular conflicto desarrollado”, sostiene el fallo.
No obstante, cabe destacar que, si bien el dictamen de la Corte Suprema aplica sobre las actuales autoridades a cargo de la Delegación Presidencia del Biobío, dichos recursos de protección interpuestos durante el juicio, responden a hechos de violencia registrados en 2021, o sea, a la anterior administración.
En ese escenario, el máximo tribunal resolvió que “la Delegación Presidencial Regional, al tenor de sus facultades entregadas por la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, deberá –previa coordinación con las carteras ministeriales e instituciones correspondientes– implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas recurrentes que han visto amagados sus derechos, con miras a evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos en su contra”.

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