Sociedad civil: sobre el proyecto de ley que crea el servicio de biodiversidad y áreas protegidas

Como Organizaciones de la Sociedad Civil miramos con optimismo que en nuestras comunidades crezca la preocupación por la conservación de la naturaleza, frente a amenazas como el cambio climático y la pérdida de diversidad biológica. En ese sentido, la respuesta del Estado debe fortalecer nuestras instituciones y no debilitarlas, como ocurriría si se promulga el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que en su articulado:
a) Enfatiza normas para “tercerizar” la responsabilidad y deberes del Estado en la gestión de áreas protegidas, a través de convenios que transfieren la gestión a privados y maximizan las concesiones turísticas y las cesiones de uso.
b) Debilita las normas, al concebir la gestión de la conservación en torno a “objetos de protección” en lugar de “objetivos” de manejo integral del territorio y ecosistemas contenidos en las áreas protegidas.
c) Subordina la gestión de las áreas protegidas a un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y a un Consejo de Ministros, que han demostrado ser totalmente ineficaces para proteger nuestros ecosistemas, pues toman decisiones políticas más que técnicas.
d) Disminuye la capacidad de gestión pública, pues con los mismos recursos que hoy tiene CONAF para gestionar parques, reservas y monumentos, se pretende administrar además áreas marinas protegidas y otras zonas de conservación, junto con las nuevas funciones que crea el Proyecto de Ley.
En este contexto, hacemos público nuestro llamado a las y los Parlamentarios y autoridades de gobierno a detener la tramitación del Proyecto de Ley SBAP e iniciar, sin demora, un proceso amplio y participativo de discusión que aborde el análisis de los aspectos críticos que no están cubiertos de manera adecuada en este Proyecto de Ley. A continuación se detallan aquellos temas que debieran ser revisados y consensuados, antes de seguir avanzando en este proceso legislativo:
1. Garantizar la conservación de los ecosistemas y territorios contenidos en las áreas protegidas públicas es un deber del Estado de Chile. Su gestión, administración, desarrollo y financiamiento es intransferible.
2. Las normas para la gestión y protección ambiental de las áreas protegidas deben orientarse integralmente a todo su territorio, y no solo a ciertos “objetos” de protección o conservación.
3. Entre los temas que requieren un reenfoque profundo está el de la necesaria integralidad en la gestión de los territorios. Avanzar hacia el desarrollo sustentable pasa por equilibrar la protección de la naturaleza con aspectos sociales, económicos y culturales. Generar “islas de protección” desconectadas de su entorno socio-productivo es un grave error.
4. Los bosques nativos, formaciones xerofíticas y otras formaciones vegetacionales son fundamentales para la subsistencia de las comunidades rurales que viven y dependen de ellos. Es importante que la legislación reconozca, promueva y garantice el rol de la silvicultura, el manejo forestal sustentable, la conservación y la restauración de los bosques nativos, asegurando un rol activo del Estado.
5. El presupuesto público para la administración de las áreas protegidas del Estado debe estar a la altura de dicho deber y responsabilidad. Solo para las áreas terrestres, el presupuesto actual debe incrementarse en al menos tres veces. Además, se deben considerar recursos públicos para la administración de áreas protegidas marinas y otras; incluyendo la conservación de la diversidad biológica en áreas productivas y en el territorio que está fuera de las áreas de protección oficial.
6. Es necesario fortalecer al personal que se hace cargo de las áreas protegidas. Esto pasa por concebir un Cuerpo Nacional de Guardaparques, que lo sitúe al nivel de otras instituciones fiscalizadoras del Estado. Esto implica reconocer y proyectar la vasta experiencia de diversos(as) profesionales, técnicos(as), operarios(as) y asistentes que participan de manera gravitante y desde el territorio en el esfuerzo público de conservación.
7. Debe evitarse en forma tajante y transparente los conflictos de interés (privados y de grupos interesados) en la discusión de este Proyecto de Ley. El Proyecto SBAP incluye la creación de un “Fondo de Biodiversidad” que considera recursos públicos, transferibles a terceros, por lo que no resulta entendible que organizaciones no gubernamentales, potencialmente receptoras de tales fondos, se constituyan en las más activas lobistas para su aprobación.
8. Debe evitarse también la doble jurisdicción administrativa de servicios públicos en terrenos y bosques que están en manos privadas, ya que aumenta la burocracia y es un desincentivo tácito al cuidado y la protección de los bosques por parte de quienes ostentan su propiedad. Además, es imprescindible avanzar en la creación del Servicio Nacional Forestal, en reemplazo de CONAF, cuya naturaleza de derecho privado ha sido un obstáculo para el desarrollo sustentable del sector.
9. Las circunstancias políticas del país e iniciativas en implementación, como el Acuerdo de Escazú, obligan a introducir cambios profundos en el tratamiento de asuntos ambientales y avanzar en necesarias y urgentes reformas a nuestra institucionalidad ambiental. Por todo esto, es inoficioso y altamente inconveniente seguir avanzando con la actual propuesta del Proyecto de Ley SBAP.
Las organizaciones aquí firmantes, todas comprometidas con la conservación y la protección de la naturaleza, solicitamos que se consideren los puntos mencionados anteriormente y se detenga la tramitación del Proyecto de Ley SBAP, en cuyo proceso no han sido considerados(as) actores clave, como pequeños(as) y medianos(as) propietarios(as) de bosques nativos, comunidades de pueblos indígenas y organizaciones territoriales.
•Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo – AIFBN
•Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora – CODEFF

•Asociación Gremial de Mujeres Campesinas de la Patagonia. Aysén
•Confederación del Agro y Pueblos Originarios. RANQUIL
•Colegio de Ingenieros Forestales de Chile – CIFAG
•Asociación Comunal de Comunidades Mapuche de Loncoche
•Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera – PYMEMAD
•Confederación Nacional Campesina e Indígena. NEHUÉN
•Movimiento 8M Concepción
•Asociación Gremial De Propietarios De Bosque Nativo – APROBOSQUE
•Comunidad Mapuche kuifi Tuwün Francisco Marilef. Karilafken mapu. Pitrufquén
•Cooperativa de Comerciantes de Leña de Coyhaique
•Patrimonio Sur.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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