Tras tropiezo del Gobierno con proyecto de infraestructura crítica, Fiscalía reveló que en 2022, 40 personas han sido condenadas por delitos violentos en La Araucanía

Durante el 2022, el Ministerio Público ha efectuado, en la región de La Araucanía, un total de 26 sentencias condenatorias por delitos violentos, que involucran a 40 personas, que actualmente cumplen condenas de entre 5 y 10 años de reclusión,  y otras con medidas cautelares de prisión preventiva, en espera de una audiencia de preparación de juicios. Se trata de delitos asociados a violencia rural, ocurridos en zonas interiores y urbanas de las provincias de Malleco y Cautín, y que han afectado a camioneros, agricultores, forestales, particulares y carabineros, entre otras víctimas.
Según explicó el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, “las sentencias se han pronunciado, respecto a la participación de estos individuos en delitos graves, relevantes. Como robo con violencia, homicidio frustrado a carabineros o a civiles, incendios, trafico de drogas, tráfico de armas y municiones a grupos radicalizados”.
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Cabe mencionar que la denominada Macrozona Sur- que está conformada por la región de la Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco- cuenta actualmente con vigilancia mixta en las carreteras, en una labor preventiva que llevan a cabo efectivos militares y de ambas policías (PDI y Carabineros). Según detallan desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, esta estrategia les ha permitido disminuir en más de un 28% los hechos de connotación violenta en la zona.
Cifras que surgen en un contexto complejo para el Gobierno del Presidente Boric, después de que este pasado miércoles la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó, con 61 votos a favor, 69 en contra (su mayoría emanados desde la Oposición) y 17 abstenciones, el veto sustitutivo- planteado por el Ejecutivo- al proyecto que busca resguardar infraestructura crítica, y que surgía como una alternativa al Estado de Emergencia en la zona sur del país. Caído este proyecto, al Gobierno no les quedó más remedio que anunciar que volverá a solicitar una extensión de esta medida, que genera serias discrepancias al interior del Oficialismo.
Al respecto, el diputado y presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto (PPD), dijo a Radio Futuro que “yo voy a ser majadero en pedir a la izquierda y la centro izquierda que, de una vez por todas, dejemos de actuar con complejo ideológico y actuemos con pragmatismo. No podemos por tener una venda en los ojos dejar a la ciudadanía el problema. Lo que corresponde es que los que se dicen ser leales al Gobierno expresen esa lealtad y no lo dejen sin votos. La principal responsabilidad es de Chile Vamos, quienes actuaron de forma irresponsable. En última instancia decidieron hacerle un daño al gobierno. Es un acto irresponsable. Porque se deja a la gente de la Macrozona Sur con una herramienta menos”.

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