Un texto que “al fin se hace cargo de la debida protección del consumidor”. Así calificó el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, la propuesta constitucional que se someterá a plebiscito el próximo 4 de septiembre, por lo que llamó a chilenos y chilenas, en calidad de consumidores, a votar Apruebo a efectos de terminar, a su juicio, con una institucionalidad y una cultura empresarial que ampara el abuso en las relaciones de intercambio.
Larenas afirmó que el texto constitucional al fin hace carne una vieja promesa orientada a fortalecer los derechos del consumidor, cosa que está completamente ausente en la actual Constitución, una que “ni siquiera nombra al consumidor”. “El solo hecho de que aparezca ya es una buena noticia. Así que eso es lo primero: se consagra la idea de que ningún emprendimiento puede pasar por los derechos de los consumidores y que todos esos emprendimientos o actos comerciales estarán limitados por ese respeto, y eso rescata lo que ha sido la práctica internacional de respeto al consumidor establecido por Naciones Unidas”, señaló.
“En el plano local vemos que se crea una Agencia Nacional del Consumidor para proteger al consumidor con mecanismos de defensa efectivos para cautelar los intereses de las personas que adquieren bienes y servicios”, señaló el presidente de Odecu. “Esto sería una especie de Sernac con más facultades, que es todo lo que le quitó el Tribunal Constitucional al proyecto de ley que envió el segundo gobierno de Michelle Bachelet”, aseguró.
Asimismo, la sustitución del Tribunal Constitucional por una Corte Constitucional también es mirada con buenos ojos en vista de los severos cuestionamientos que pesan sobre la legitimidad y probidad del actual organismo -al menos en términos de atribuciones, nombramientos y composición-, ya que el actual TC “dejó al Sernac sin los dientes para morder en el sentido de aplicar las sanciones a quienes abusan de sus consumidores, y nos parece que esta nueva propuesta las consagra como derecho constitucional”.
“Otra cosa muy positiva es que indirectamente menciona y hace alusión a la protección del consumidor y el respeto al medioambiente, toda vez que pone en relieve la responsabilidad que tiene el consumidor con el cambio climático”, añadió.
En suma, según Stefan Larenas, “el Estado al fin se haría cargo de defender a los usuarios y consumidores, así como de establecer mecanismos eficaces para que así suceda. Y los límites al emprendimiento en lo que respecta a respetar los derechos de las personas. Todo esto es una muy buena noticia para chilenos y chilenas”, concluyó.
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