Débiles garantías de la izquierda

En buena hora el oficialismo acordó modificaciones a la propuesta de nueva Constitución (PNC). Se trata de cambios que versan sobre la plurinacionalidad, la provisión privada en el derecho a la salud, educación y pensión digna, el restablecimiento del Estado de Emergencia y de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, limitar la emisión de deuda por parte de las autonomías territoriales y revisar la composición del Consejo de la Justicia para que su mayoría sean jueces. Sin embargo, si bien las intenciones manifestadas por el oficialismo son correctas, difícilmente podrán ser llevadas a cabo.
En primer lugar, los partidos de gobierno no hicieron los cambios que ahora sugieren cuando tuvieron la oportunidad, lo que da cuenta de un oportunismo electoral más que de una verdadera convicción. Esto implica que, en caso de que el apruebo triunfe por una amplia mayoría, existe el riesgo de que se produzca un desentendimiento por parte de los firmantes del acuerdo, como desde ya planteó el timonel del Partido Comunista.
En segundo lugar, la actual administración no cuenta con mayoría ni en la Cámara de Diputadas(os) ni en el Senado. Además, la coalición de gobierno está dividida, lo que augura indisciplina por parte de sus líderes al momento de votar: la cantidad y heterogeneidad ideológica de los partidos que componen el bloque oficialista hace que sea más difícil que logren acuerdos. Así, considerando que el 75% de la PNC requerirá quórums de 4/7 más referéndum o 2/3 de los legisladores para ser reformada hasta el 2026, la única vía de cambio posible es que el Ejecutivo modere sus proyectos de ley, lo que inevitablemente le generará más fricciones aliadas.
En esta línea, la alta desaprobación presidencial y su tendencia al alza no motiva una mayor disciplina de los partidos oficialistas, sino todo lo contrario. Como la aprobación del Mandatario tiende a estar influida por el desempeño económico del país, es plausible que esta decline aún más, por dos factores fulminantes: las altas expectativas que generaría la aprobación de la PNC y la recesión que se proyecta para el 2023 (IFP, 2022).
Finalmente, el Poder Legislativo estará presionado para aprobar apresuradamente las leyes que las disposiciones transitorias mandatan, con plazos fatales de dos años en la mayoría de ellas. Entre estas se encuentra, además de la organización del Estado regional, una serie de sistemas, cuyas piezas deberán ser capaces de estar armonizadas para confluir hacia el resultado esperado (Sistema de Cuidados, el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Educación, entre otros).
En este escenario, si el Presidente realmente quiere ser el garante de las reformas que prometen sus coaliciones y de la implementación de la PNC, el único camino que le queda es el de asumir una ética de la responsabilidad que devenga en una moderación genuina de sus futuros proyectos de ley, lo que probablemente generará una profunda fisura interna. De triunfar el rechazo, no sería sorpresivo que este quiebre se anticipara por la derrota que implicaría para el gobierno. Esperemos que el espíritu de la moderación que hoy se manifiesta se mantenga lo suficiente como para ser reflejado en la Constitución que resulte de todo este proceso.



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