Plan Fronteras Protegidas: Contraloría informó que se privilegió arbitrariamente a dos agencias de viajes durante pandemia

La Contraloría General de la República se pronunció sobre el actuar de la Subsecretaría de Salud Pública de la anterior administración -a cargo de Paula Daza- y la ejecución del “Plan Fronteras Protegidas”, cuya investigación determinó que en el servicio de hotelería para cumplir cuarentenas por Covid-19, se privilegió arbitrariamente a dos agencias de viajes.
Según la información de Radio Bío Bío, la situación se dio tras las solicitudes que se llevaron a cabo durante 2021 por el senador Matías Walker y el exdiputado y actual subsecretario de Desarrollo Social, Miguel Crispi, para esclarecer el actuar de la Subsecretaría de Salud Pública de aquel entonces.
De esta forma, Contraloría resolvió que “en este contexto, aparece que la referida autoridad ministerial, en los hechos, adoptó una determinación que puso en una situación de ventaja a dos agencias de viajes (Turismo Cocha S.A y Travel Security S.A), en desmedro de los demás posibles interesados, sin acreditarse que se hayan cumplido las mencionadas exigencias que deben cumplir los órganos de la Administración del Estado y que buscan cautelar la observancia de los principios de juridicidad, probidad, transparencia, escrituración, interdicción de la arbitrariedad y de libre concurrencia, e igualdad de los oferentes”.
Luego de las argumentaciones de la Subsecretaría sobre sus decisiones, el órgano contralor decretó que, “en tales condiciones, se debe concluir que no se ajustó a derecho lo obrado por la Subsecretaría de Salud Pública para efectos de concretar el servicio de intermediación hotelera respecto del cual se ha reclamado”.
Ante esto, advirtieron una “eventual existencia de vínculos de parentesco de funcionarios o exfuncionarios de la Administración del Estado con personas que tendrían participación en calidad de representantes legales o accionistas tanto de las individualizadas empresas como de otras asociadas a ellas, lo que podrían configurar situaciones de conflicto de intereses”.
Así, Contraloría estimó pertinente remitir los antecedentes a Fiscalía, con la finalidad de que se instruya un procedimiento disciplinario para establecer las responsabilidades administrativas derivadas de las situaciones detalladas.

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