España impulsa una ley que facilitará la ciudadanía a descendientes argentinos

La Ley de Memoria Democrática consigió media sanción en el parlamento de diputados de España, es un proyecto que contempla una serie de beneficios para argentinos descendientes de españoles que busquen adquirir esa ciudadanía.La inicitiva obtuvo un apoyo de 173 , contra 159 negativos y 14 abstenciones, y es una ley prevé facilitar el acceso para los hijos y nietos de individuos nacidos en España. Esta nueva flexibilización en los requisitos de la ciudadanía permitirá que más argentinos puedan obtener la nacionalidad española, con la cual podrán acceder libremente a Europa.Esta es una ley de “reparación” para las personas que sufrieron el exilio de tipo político, ideológio o de creencia. De esta manera, aquellas personas que sean hijos o nietos de españoles nacidos fuera del país debido a un exilio podrán obtener el pasaporte de España.A su vez, también podrían obtener la nacionalidad española aquellos hijos de mujeres españolas que se hayan casado con extranjeros antes de 1978, debido a que de acuerdo al marco normativo de la época perdieron la nacionalidad española en su momento.Actualmente el proyecto de ley de Memoria Democrática aún debe pasar por el Senado y obtener el mismo resultado que en el Congreso de diputados de España. La “segunda vuelta” está programada para realizarse entre fines de septiembre y comienzos de octubre.De todas formas, todavía falta que el Senado de España apruebe la Ley por completo, en caso de que esto sucediese todavía habría que esperar que el Ministerio de Justicia reglamente la nueva normativa y defina el instructivo del procedimiento legal que determine dónde se deberán presentar las solicitudes, quiénes estarán a cargo de la resolución, cuáles serán los documentos necesarios y todo lo competente para el trámite.¿Cómo sería el trámite?Según se dispone en la normativa de la nueva Ley, en caso de ser aprobada, aquellos argentinos que quieran solicitar la ciudadanía española deberán conseguir todos los documentos y presentarlos en forma en un plazo máximo de dos años, con la posibilidad de solicitar un año de prórroga que podrá o no ser aprobado.

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