Militarización, crimen y despojos desplazan a 16 grupos indígenas

En México, al menos 16 comunidades originarias viven situaciones de asedio y desplazamiento forzado, relacionadas a la militarización de la seguridad pública, la presencia de grupos criminales, paramilitares, conflictos agrarios y despojos, de acuerdo con un informe realizado por la Iniciativa Global por los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI, por sus siglas en inglés).
Los conflictos territoriales en los estados de Chihuahua, Chiapas, Sonora, Michoacán, Yucatán y Guerrero ha provocado el desplazamiento de familias y comunidades enteras, “que viven amenazadas y en situaciones de verdadera catástrofe y precariedad que se agravan con el paso del tiempo, sin que exista una estrategia gubernamental dirigida a atender dichas situaciones”.
Por ello, organizaciones sociales pidieron a la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Cecilia Jimenez-Damary –quien estuvo en México del 29 de agosto al pasado 9 de septiembre– que tome en cuenta a esta población para la elaboración de su informe final sobre la situación del país, mismo que entregará en junio de 2023.

Las comunidades afectadas
En Chihuahua, el IPRI documentó que las comunidades de Monteverde, el Manzano, San Elías Repechique, Tehuerichi y Huitosachi han tenido que abandonar sus tierras, a causa de amenazas y el asedio de grupos del narcotráfico, a pesar de que han ganado amparos para que las autoridades los protejan y reconozcan su tenencia de las propiedades que les han sido arrebatadas.
Familias indígenas rarámuris, relataron al IPRI que tuvieron que abandonar su casa en 2014, luego de que algunos de sus integrantes fueron secuestrados y asesinados. Aunque después intentaron volver a su rancho, las amenazas constantes a través de mensajes de texto, y la presencia de hombres armados en Monteverde, Chihuahua, las obligaron a huir nuevamente, cediendo sus sembradíos de manzanos a los de mariguana y amapola.
De manera similar, en la comunidad de El Manzano, municipio de Uruachi, por lo menos 37 personas tuvieron que abandonar sus casas y pertenencias desde 2015, cuando un grupo criminal llegó a controlar el territorio para la siembra de enervantes, sometiendo a trabajo forzado a sus habitantes.

Pese a que en estos casos, como en los de Repechique, Tehuerichi y Huitosachi, los habitantes de las comunidades indígenas buscaron el apoyo gubernamental para recuperar sus bienes, según el informe del IPRI, “las autoridades han sido omisas y no hay respuestas de su parte”, aún cuando instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha pedido al gobierno emitir medidas de protección.
Indígenas tsotsiles y de la comunidad de Acteal, Chiapas, han denunciado la incursión del crimen organizado en sus comunidades, que con ataques armados han provocado asesinatos, desplazamiento forzado y el asedio constante de sus pobladores, aunque las autoridades mexicanas atribuyen dicha situación a una disputas territoriales.
En 2016, siete familias tsotsiles que vivían dentro de tierras en disputa fueron despojadas por la fuerza de 60 hectáreas de terreno, y fueron obligadas a refugiarse en las montañas, y ante la inacción de las autoridades, las agresiones se recrudecieron en las comunidades de Coco, Tabac, Xuxchen, San Pedro, Cotzilnam y Tselejpotobtic, situación que ha dejado como saldo varias personas heridas y asesinadas, así como el desplazamiento de otras familias.
En Acteal, defensores comunitarios han sido asesinados y viven bajo amenazas constantes de grupos cuyo interés es el control territorial de la población, así como la intimidación partidista, sin que las autoridades intervengan, por lo que el IPRI concluye que “es más factible o benéfico producir una imagen errónea de conflictos intercomunitarios que buscar alternativas al problema de fondo”.
Mientras, en Zitácuaro, Michoacán, indígenas de pueblos mazahua y hñahñu han denunciado amenazas, extorsiones, asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado, motivados por grupos criminales que buscan sacar ganancia de la tala ilegal de los bosques y la siembra de aguacate.
En Yucatán, la comunidad de Homún, uno de los 53 municipios dentro de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, denuncian que viven una situación de amenaza y desprotección, debido a la instalación de una granja de cerdos que ha contaminado los cuerpos de agua con los que los pueblos indígenas guardan un vínculo espiritual.
Desde 2017, han presentado diversas acciones legales, entre ellas una denuncia ante autoridades de protección ambiental, amparos, recursos de revisión, sin que hasta ahora las autoridades hayan dado una respuesta a favor de los pobladores que se quejan de los malos olores y las enfermedades causadas por los desechos de la granja que los despojó de los cenotes que cuidaban y administraban para generar ingresos turísticos.
En el caso de la comunidad de Chablekal, en el mismo estado, indígenas mayas llevan peleando desde 1927 que el gobierno los dote de tierras a través de un modelo de comunidad agraria, y no como ejido, debido a que con la creación de ejidos en tierras ancestrales se les han arrebatado terrenos que consideran suyas por tradición “desde tiempos inmemoriales”.
La situación se ha venido agravando luego de que, a final de la década de los 90, Chablekal fue alcanzada por la especulación inmobiliaria, lo que motivó la venta de tierras, la depuración del padrón ejidal y la privación de los derechos agrarios de la población con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, con el que se limitaban las garantías de los propietarios que se negaran a poner a la venta sus terrenos.
Para otras comunidades de Sonora, Guerrero y Oaxaca, el asedio y el desplazamiento forzado ha sido motivado por sus labores de defensa del territorio contra megaproyectos que buscan establecerse en sus tierras.
Desde 2010, el pueblo yaqui de Loma de Bacum, Sonora, comenzó una lucha contra la construcción de un acueducto que surtiría de agua a la capital del estado, Hermosillo. La comunidad se amparó, primero, porque no fueron consultados sobre el megaproyecto, y en 2014 contra la suspensión del mismo, pero fueron ignorados por la empresa constructora que, en 2019, consiguió un fallo a su favor para comenzar con la obra.
Además de las amenazas y asedio que vive esta comunidad debido a su lucha por la defensa del territorio, han sido obligados a abandonar sus tierras, y en algunos casos, sus habitantes han sido víctimas de desaparición.
En Oaxaca, desde el año 2006, 43 comunidades de pueblos mixtecos, chatinos, afrooaxaqueños y mestizos constituyeron el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para luchar en contra de la imposición de la presa hidroeléctrica “Paso de la Reyna” y el proyecto del Río Verde.
En Guerrero, por su parte, en 2003 indígenas y campesinos de municipios cercanos a Acapulco y Juan R. Escuderos, se organizaron y crearon el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, para protestar contra la instalación del proyecto hidroeléctrico en el río Papagayo, cuyo impacto negativo calculado en este momento sería contra 24 comunidades y desplazaría a más de 25 mil personas.
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Pueblos indígenas exigen reconocimiento como víctimas
En el marco de la visita de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, organizaciones de la sociedad civil pidieron a la especialista escuchar a las comunidades afectadas y considerarlas en su informe final, además emitieron una serie de recomendaciones al Estado mexicano, para atender la problemática que se incrementa conforme los conflictos territoriales avanzan y los grupos criminales ganan terreno a lo largo y ancho del país.
Pidieron la aprobación inmediata de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que actualmente se encuentra congelada en el Senado de la República, así como que se reconozca y se otorgue la calidad de víctimas sin que sea necesario que presenten una denuncia penal o que se emita una recomendación de un organismo público de derechos humanos.
Asimismo, exigieron reorientar el abordaje del tema de la seguridad pública y restablecimiento de la paz, con un enfoque integral de derechos humanos; establecer una estrategia nacional de prevención enfocada en eliminar las causas estructurales que influyen en los desplazamientos internos y cumplir con las leyes vigentes.
También solicitaron la implementación de una política pública para garantizar medidas de reparación integral, entre ellas el retorno seguro de las víctimas a sus comunidades, o la reubicación en condiciones dignas de las personas, lo más parecidas a las que tenían previo al desplazamiento.
Al concluir su visita por México, la relatora Cecilia Jiménez-Damary señaló que, aunque no hay una estadística oficial sobre el número de personas afectadas, se estima que cientos de miles han sido desplazadas internamente a causa de la criminalidad, los desastres, la minería, la tala ilegal y conflictos locales.
Jiménez-Damary subrayó que la impunidad y las fallas en el sistema de justicia y de seguridad también son factores que inciden de manera importante en el desplazamiento de personas que por temor prefieren dejar sus hogares.
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