Ocho de los nueve integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclamaron al organismo autónomo por su decisión de no impugnar la reciente reforma que pasa la Guardia Nacional al control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En un posicionamiento, lamentaron la determinación de la CNDH, encabezada por Rosario Piedra, y advirtieron que esta modificación legal —promulgada la semana pasada— tendrá un impacto negativo para los derechos humanos en el país.
“Lamentamos que la decisión de la CNDH no considere el marco constitucional, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México ni las diversas sentencias y criterios en la materia”, señalaron.
“Nos comprometemos a apoyar las iniciativas ciudadanas encaminadas a revertir la reforma y sus consecuencias, así como a acompañar a las potenciales víctimas y personas agraviadas que resulten de esta desafortunada decisión”, concluyeron.
El documento está firmado por las y los consejeros Tania Espinosa, Adalberto Méndez, Bernardo Romero, Jorge Alejandro Saavedra, Gloria Ramírez, Georgina Diédhiou, Ángel Trinidad Zaldívar y Mauricio Ibarra. Únicamente faltó la consejera María del Rosario Torres Mata.
Dos Consejeros de la #CNDH se suman a la manifestación de desacuerdo. Con esto, 8 de 9 Consejerxs rechazamos la no promoción de acción de inconstitucionalidad frente a las reformas aprobadas en el Senado respecto a la #GuardiaNacional. pic.twitter.com/6Z5LPo99mE
— Tania Espinosa (@espinosamente) September 15, 2022
El 7 de septiembre, integrantes del Consejo Consultivo pidieron a la CNDH promover una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma, que para ese momento no había sido aprobada.
Anteayer, ya con la reforma avalada por diputados y senadores y promulgada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la CNDH informó que no impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque no considera que la medida sea perjudicial.
En contraparte, las y los consejeros, organizaciones civiles y diversos activistas sostienen que pasar el control de la Guardia Nacional al Ejército profundizará la militarización de la estrategia de seguridad pública y, con ello, dará pie a más violaciones a los derechos humanos.
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