Oaxaca avala ampliación del Ejército en las calles

Con 33 votos a favor, el congreso de Oaxaca se convirtió en el primer estado en aprobar la reforma que amplía la presencia del Ejército en las calles hasta 2028.
“En este Congreso se avala la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública hasta 2028 en el País, para garantizar la pacificación de la República Mexicana”.
En un comunicado, el Congreso informó que el objetivo de la reforma era “garantizar la pacificación de la República Mexicana”.

🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️ #Oaxaca se convirtió en el primer estado del país en avalar la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de #GuardiaNacional con el fin de lograr la pacificación de la República Mexicana. pic.twitter.com/xM1iWv6iqr
— Poder Legislativo Oaxaca (@CongresoOaxaca_) October 13, 2022

La reforma, que fue aprobada en la Cámara de Diputados la madrugada de este 13 de octubre, fue avalada por el Congreso de Oaxaca con 33 votos a favor.
Ejército en las calles por más tiempo
La reforma implica modificar el decreto de reforma constitucional de 2019 que creó la Guardia Nacional. En él, se dio un plazo de cinco años, hasta 2024, para que el presidente pudiera recurrir a los militares para la seguridad pública, en tanto se consolida la Guardia Nacional.

Sin embargo, ahora este plazó culminará hasta el 2028.
El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a la Cámara de Diputados la aprobación de la reforma para que soldados y marinos participen en labores de seguridad pública hasta 2028.
En conferencia de prensa matutina dijo que “no se trata de militarizar, que no quieran los autoritarios ahora pasar como defensores de defensores de derechos humanos”.
Desde Palacio Nacional, el presidente destacó que antes “los conservadores usaron al Ejército para reprimir sin fundamentos constitucional”.
“Son unos reverendos hipócritas y ahora que se hace una reforma constitucional y que se pone el acento en la defensa de los derechos humanos, ahora se rasgan las vestiduras”, señaló.
Activistas, organizaciones civiles y ciudadanos en general que se oponen a esta reforma argumentan que profundizará la militarización de la seguridad pública y, con ello, dará pie a más violencia y violaciones a los derechos humanos.
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