Colectivos rechazan reforma de trabajo sexual de la diputada María Clemente

Organizaciones civiles rechazaron la nueva reforma de trabajo sexual que propone la diputada de Morena, María Clemente García.
En conferencia de prensa, la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez A.C., reclamó que dicha medida fue hecha sin consultar a las trabajadoras sexuales.
De acuerdo con la organización, la propuesta de ley de la diputada “pretende violar los derechos humanos de las trabajadoras ya que estigmatiza a las personas que viven con VIH“.

La Brigada explicó que “los artículos de la propuesta de ley, en los que se debe de poner particular atención son aquellos que estigmatizan y criminalizan a las personas que se dedican al comercio sexual“.
Foto: Cuartoscuro
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Ante ello, señalan que en la propuesta de la diputada María Clemente se plantea en el “el trabajo sexual deberá ejercerse en condiciones de salubridad suficientes que garantice no contraer enfermedades propias del comercio sexual”.
A dicho argumento, la organización cuestiona que si se pretenden referir a las infecciones de transmisión sexual, se debe entender que estas se trasmiten entre personas que practican relaciones sexuales sin protección.
“El VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual no se contagian, se transmiten. Una ley que no nombra de manera adecuada a las infecciones de transmisión sexual, habla de un desconocimiento que quien o quienes la plantean legislar en el rubro del trabajo sexual”, manifestaron.
Foto: Cuartoscuro
Organizaciones que se oponen a la reforma del trabajo sexual
Sin embargo, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez A.C. no fue la única organización en mostrar su descontento a la reforma de la diputada María Clemente.
A través de un comunicado, diversos colectivos sostienen que dicha ley “lejos de ser un beneficio para las personas que ejercen el trabajo sexual en general o que vivimos con VIH u otras ITS, estigmatiza, criminaliza y patologiza a las y los trabajadores razón de sus prácticas y vivencias”.
Además, destacan que “la iniciativa fomenta a la discriminación y al ejercicio de violencias contra estos grupos de atención prioritaria, crea barreras de acceso a la atención integral, aislamiento social, falta de apoyo de pares/familiares y problemas en la salud mental”.
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