La Contraloría General de la República (CGR) emitió ayer un dictamen sobre el cambio de nombre -realizada por el Gobierno- del Gabinete Primera Dama a Gabinete Irina Karamanos (actualmente conocida como Coordinación Sociocultural de la Presidencia). El órgano señaló que la modificación “no correspondió” porque implicó “utilizar injustificadamente” el nombre e imagen de Karamanos.
La CGR emitió el documento tras un requerimiento de diputados UDI y del Partido Republicano. Los legisladores pidieron a Contraloría pronunciarse sobre la juridicidad de la resolución exenta N° 442, del 30 de marzo del 2022, de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, que estableció la denominación Gabinete Irina Karamanos.
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“No correspondió denominar una unidad administrativa como ‘Gabinete Irina Karamanos’, por cuanto ello implicó utilizar injustificadamente el nombre y, en consecuencia, la imagen de la señora Irina Karamanos Adrian, pues la mención ‘Irina Karamanos’, en ese contexto, no se encuentra vinculada a los fines propios de la Presidencia de la República”, señala el dictamen de Contraloría.
“Del mismo modo y en el entendido que el sitio web ‘www.gabineteirinakaramanos.cl’ fue creado para un fin institucional, tampoco resultó admisible que el dominio inscrito contuviera el nombre de dicha persona”, añadieron.
Contraloría apuntó que tampoco correspondió que el Gobierno, mediante la resolución exenta N° 442, “consignara, en términos amplios, que al entonces ‘Gabinete Irina Karamanos’ le correspondía intervenir en relación con la formulación de políticas públicas, ya que ello podía significar invadir las funciones que le competen especialmente a los Ministerios, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 18.575”.
“Situación superada”
La CGR señaló que “la situación referida precedentemente se encuentra actualmente superada”. Al respecto, recordaron que el acto administrativo fue modificado través de la resolución exenta N° 758, de 22 de junio de 2022, reemplazando Gabinete Irina Karamanos por Coordinación Sociocultural, denominación que fue empleada durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.
Además, la nombrada resolución precisó que las competencias de esa repartición deben ser ejercidas en “coordinación con los órganos de la Administración del Estado que corresponda, y sin alterar sus facultades atribuidas por ley”, citó Contraloría.
Por último, apuntaron que “si bien se han superado los puntos anotados, corresponde que la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, en lo sucesivo, observe las consideraciones expuestas en el presente dictamen”.
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