Joven indígena de Guerrero enfrenta al Estado por un aborto involuntario

En 2019, cuando Aurelia García Cruceño tenía 20 años, fue agredida de manera sexual por un hombre de su pueblo, Xochicalco, ubicado en la zona nahua del municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, y quedó embarazada. Su agresor era la autoridad comunitaria de su pueblo, a quien, por muchas razones, le era difícil señalar.
Primero, por miedo a represalias en su contra y, después, por temor a que sus familiares no entendieran la situación. En su comunidad es mal visto que una mujer tenga vida sexual o se embarace antes del matrimonio.
Ante todo ese escenario que ensombrecía su tranquilidad, aunado al hecho traumático de la agresión, Aurelia decidió huir de su pueblo. Hasta ese momento desconocía que estuviera embarazada, lo supo mucho tiempo después, hasta que tuvo un aborto involuntario.

En junio del 2019 llegó a Iguala para comenzar una nueva vida. “Llega a Iguala después de no tener control sobre ese embarazo, de no saber realmente si estaba embarazada”, contó Verónica Garzón Bonetti, abogada defensora de Aurelia.
Cuatro meses después, el 2 de octubre del 2019, Aurelia tuvo dolores fuertes y sangrado intenso durante una semana, después de esto la expulsión de un feto.
“Expulsa al producto estando ella completamente sola, en la casa donde se quedaba”.

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Debido al parto fortuito, Aurelia vio afectada su salud.  Fue traslada a un hospital para brindarle atención médica.
“Todavía ella no estaba recuperada, no se sabía de los hechos ni del producto y ella ya estaba siendo procesada, detenida, esposada en la cama del hospital. Ya estaba siendo oficialmente detenida por el delito de homicidio”, narró Garzón Bonetti, quien también es integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
En prisión por aborto involuntario
Actualmente Aurelia tiene 23 años y lleva tres años en prisión preventiva en un centro penitenciario de Iguala por el delito de homicidio en razón de parentesco.
De acuerdo con la defensora de Aurelia, el delito de homicidio en razón de parentesco es una forma de criminalizar a las mujeres que abortan.
Mediante una conferencia de prensa, realizada el día de hoy en Chilpancingo, las abogadas defensoras de Aurelia y activistas feministas integrantes de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, denunciaron que hay inconsistencias en su caso. Además, denunciaron que en el Poder Judicial no juzgan con perspectiva de género.

La primer inconsistencia que detectaron, dijeron, fue que después del parto no hubo ningún traductor que le explicara los motivos de su detención. La lengua materna de Aurelia es el náhuatl.
Otra fue que en el hospital donde atendieron a Aurelia le colocaron un implante anticonceptivo sin su consentimiento.
Una más, al momento de su detención, Aurelia estaba delicada de salud.
Al no hablar español, Aurelia no comprendió mucho de lo que le sucedió.
Tampoco, en la misma dinámica de enumerar las inconsistencias según el testimonio de las abogadas, hay testigos sobre el caso.
“La Fiscalía (General del Estado, FGE) armó un caso contra Aurelia”, comentó Ximena Ugarte Trangay, abogada defensora de Aurelia e integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Las abogadas acusan también a las instituciones gubernamentales de discriminación y criminalización hacía las mujeres indígenas.
Explicaron que la prueba realizada por el médico forense para determinar que Aurelia es culpable del delito de homicidio, fue la prueba de docimasia pulmonar, una prueba médica que puede establecer la presencia de aire en los pulmones de un recién nacido muerto, de acuerdo con una consulta en internet.
“Está prueba es la que se utiliza en casi todos los casos de homicidio en razón de parentesco, consiste en colocar un fragmento de los pulmones del producto en agua, si flota es porque hay agua en los pulmones y el producto respiró, si se va al fondo es porque no respiró, por lo tanto no hubo vida”, explicó Garzón Bonetti.
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Es decir que el médico forense que realizó esta prueba en el caso de Aurelia determinó que sí hubo vida en el producto de Aurelia, cuando, además, nunca hubo una intención de abortar. Nunca hubo otro examen o prueba para determinar la situación del parto de Aurelia ni del producto por parte del médico forense, denunciaron las abogadas y defensoras de los derechos humanos.
Garzón Bonetti agregó que, de acuerdo con la comunidad científica y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esta prueba tiene un margen de error alto y no es confiable.
“No se puede sustentar ninguna acusación ni mucho menos una sentencia con base únicamente en esta prueba”, agregó.
La audiencia
Como parte del proceso penal que enfrenta Aurelia, hasta el momento han ocurrido dos audiencias en el juzgado de distrito de Iguala, este jueves será la última audiencia en la que presenten más pruebas por parte de la FGE, por un lado, y de la defensa de Aurelia, por el otro.
De esa audiencia la defensa espera que se juzgue con perspectiva de género y, posteriormente, Aurelia sea liberada.
La sentencia inicial dictada contra Aurelia es de 13 años y siete meses, esa sentencia fue revertida por la intervención de las abogadas defensoras.
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Hay más mujeres en la misma situación que Aurelia. De acuerdo con Ana Gabriela Candela Garzón, coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, en Guerrero hay 16 carpetas de investigación contra mujeres por el delito de homicidio en razón de parentesco.
“A nombre de Aurelia exigimos justicia, no esperamos nada más que eso, pero tampoco nada menos. Esperamos que el Poder Judicial del Estado de Guerrero esté a la altura de juzgar con perspectiva de género y libre de prejuicios», agregó Ugarte Trangay.
El caso de Aurelia recobra un sentido distinto, sobre todo porque en tempo reciente el Poder Legislativo aprobó el aborto como un derecho de las mujeres.
 
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