Ministro(a) de Minería en un país minero: ¿funcionario(a) de segunda línea?

En su visita del pasado 29 de marzo a la Región del Maule, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, habló sobre la agenda de descentralización que, entre otras cosas, entregará recursos extra a los gobiernos regionales y municipales. “Si el proyecto de Royalty a la gran minería del cobre se aprueba en el Congreso, permitirá aumentar la participación del Estado en las rentas del cobre, de lo cual el 35% de lo recaudado, es decir unos US$450 millones, se destinará directamente a fondos creados por ley a beneficio de los gobiernos regionales y municipales”.
Destacó que algunas localidades podrían tener un incremento de recursos hasta del 60%.
¿Por qué esos anuncios los hace Hacienda y no Minería, si ambos ministros están llevando el tema? Fácil: Hacienda tiene la billetera, determina y reparte el dinero estatal.
Pero, ¿podría haber estado invitada la ministra de minería? Sí, podría, pero era una actividad de Hacienda.
¿Por qué en un país minero, donde no solo el cobre, también otros recursos mineros son el motor de la economía (en 2021 aportaron el 14,6% del PIB) los ministros y ministras de minería “pesan” tan poco? Y no se trata solo de la actual autoridad, cuya profesión —es médica cirujana con amplio currículum en salud— podría generar suspicacias… Aunque durante su gestión como diputada integró, por cuatro años, la Comisión de Minería. Esta ha sido una situación transversal a distintos gobiernos. Y cuando se trata de cobre, por ejemplo, el gobierno o Hacienda se entiende directamente con el presidente del directorio.
La respuesta la da un experto en minería: “Ronca el que pone la plata y se da la paradoja de que la persona que maneja la cartera que está a cargo de los productos que son el pilar de la economía chilena, es un funcionario/a de segunda categoría”.
Agrega que se suma, en este caso, el hecho de que es una mujer. “En esta área la inclusión femenina es un dato. Las mineras para lograr el proceso de inclusión del 22% que les pedían, contaron a las practicantes, auxiliares, a todas las mujeres que había para lograr el porcentaje de inclusión. No hay nadie en los puestos de decisión y las gerentas —salvo un par de excepciones— no cortan en verdad”.
“Nuestra misión es diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas de minería, orientadas a elevar y difundir la contribución del sector minero al desarrollo nacional, fomentando la innovación, productividad y la sostenibilidad, a objeto de aprovechar los recursos mineros disponibles en condiciones socialmente inclusivas”, es la misión del ministerio. Sin embargo, el ministro/a participa directamente solo de dos de los 5 organismos que dependen de su cartera: la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que asesora al gobierno en la producción de minerales metálicos y no metálicos a excepción del carbón e hidrocarburos, y la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). Los otros: Codelco, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), no tienen presencia ministerial. El titular de minería dejó de ser parte del directorio de Codelco a través de la nueva ley de gobierno corporativo de Codelco del 4 de noviembre de 2009.
Esta distribución del poder deja ver que el ministro/a de minería tiene como prioridad la mediana y pequeña minería. La gran minería le pertenece a Hacienda, a Codelco y al empresariado.
¿Y el litio?
Hay expectación por la Ley Nacional del Litio. Si bien acá es el ministerio de minería quien presidente la Comisión del litio, hay organismos más “poderosos” como Corfo, de quien dependen los recursos asociados, ya que prácticamente la parte más importante y relevante del Salar de Atacama es de propiedad del Estado de Chile a través de Corfo, que posee 32.768 pertenencias mineras que ocupan una superficie de 1.638,4 km2 (55% del área total) la cual cubre la parte más relevante y primordial del núcleo del Salar de Atacama, donde están las mejores reservas y concentraciones de litio y Potasio. 819,2 km2 están arrendadas a SQM por un plazo que termina el 31 de diciembre de 2030 y 167,2 km2 están traspasadas transitoriamente a la Sociedad Chilena de Litio cuyo plazo expira una vez que hayan extraído en sales de litio el equivalente a un total de 200 mil toneladas de litio metálico.
La Comisión chilena de energía nuclear (CCHEN), creada en 1965 a través de la ley 16.319, designó al litio como material de interés nuclear. Y el artículo 8, señala que el litio extraído y los concentrados derivados o compuestos no podrán ser objeto de ningún acto jurídico, sino cuando se ejecute por la CCHEN, con ésta o con su autorización previa. Así, el ministerio de Minería queda relegado —una vez más—de esas decisiones. De hecho, se esperaba que Codelco pudiera desarrollar, por la experiencia que posee, una industria chilena de explotación del litio, como dijo: no, el ministerio no pudo hacer nada y simplemente se está a la espera de la ley que defina quién y cómo se realizará la explotación.

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