Filo.explica│Bukele, el líder más polémico de América Latina: ¿romperá la constitución de El Salvador?

Hasta septiembre de 2021, ningún presidente de El Salvador podía volver a ocupar ese cargo hasta pasados diez años de terminado su mandato. Pero en ese momento, una resolución emitida por un grupo de magistrados constitucionalistas elegidos en el congreso, dictaminó que Nayib Bukele puede ser reelecto. Pasada esa resolución, Bukele anunció, en 2022, que buscará ser reelecto en 2024. La Fundación salvadoreña de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) aseguró de inmediato que el fallo que habilita a Bukele “carece de legitimidad constitucional”. Tanto Fespad como otras organizaciones sostienen que la interpretación que hace Nayib Bukele de las leyes en general es “antojadiza”, y que se trata de una estrategia política para debilitar las instituciones. Es decir, Bukele busca acomodar la legislación a sus propios caprichos políticos. Aunque eso esté en contra de la misma constitución. Las discusiones acerca de si Bukele respeta o no las leyes empezó con la declaración del llamado “estado de excepción”. El objetivo fue combatir a las maras, las violentas pandillas criminales salvadoreñas, pero la oposición denuncia que en realidad se trata de una manera de avasallar las libertades individuales de cualquier ciudadano.El “estado de excepción” se extiende indefinidamente en El Salvador, y esto no sólo preocupa a una ONG local. También a la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuya portavoz, Marta Hurtado, pidió investigar todas las muertes en custodia y que los responsables sean sancionados”. Pero Bukele, en sus discursos ante la ONU, pasa de largo de las críticas. Otra ONG, Cristosal, elaboró un informe en el que se da cuenta de reiteradas violaciones de los derechos humanos contra los detenidos en cárceles de El Salvador.Otro fenómeno que está ocurriendo en El Salvador es que los familiares de personas fallecidas en cárceles no reciben comunicaciones ni por parte de la prisión ni de la Dirección General de Centros Penales. No  hay registro de las autoridades penitenciarias, y los familiares se enteran por llamadas telefónicas de empleados de funerarias. Según el informe de Cristosal, ya hay más de 105 mil personas presas en El Salvador. Esta cifra es altísima: representa el 1,6% de su población. Además, hay situaciones de hacinamiento entre los detenidos, falta de agua y comida y condiciones inhumanas en baños y celdas. La situación, según las denuncias, es insostenible.En los últimos días, Bukele sumó un nuevo eslabón a su cadena de polémicas. Anunció un nuevo plan para combatir la corrupción, que, se supone, se complementa con su guerra contra las pandillas. El avance de Bukele sobre las instituciones alcanza otros ámbitos. Por ejemplo, anunció una reorganización de la división administrativa del país. El presidente salvadoreño propone reducir de 262 a 44 los municipios y de 84 a 60 la cantidad de diputados. El motivo es la reducción del gasto público, pero se lo acusa de hacerlo para avasallar las libertades políticas.Bukele busca, al mismo tiempo, generar las condiciones para que su partido amplíe o retenga la mayoría en la Asamblea Legislativa; para quedarse con el mayor número posible de consejos municipales; y para ser reelecto aunque la constitución no lo permite.



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