Hace algunos días el gobierno entregó los resultados de una consulta nacional para apoderados, directores y profesores sobre el uso de celular en las salas de clase. Los resultados fueron avasalladores: el 88% de los encuestados indicó que estos aparatos debieran prohibirse para estudiantes de educación básica porque perjudicaría el aprendizaje.
Como por arte de magia, un grupo de parlamentarios anunció un proyecto de ley en esa línea, pero lo cierto es que en el Congreso venimos discutiendo sobre este tema y sus matices desde hace más de un año y medio, aunque con pocos avances concretos.
Para llegar a buen puerto, no podemos desconocer de que se trata de generaciones “nativas digitales”, y que tendrán que aprender a usar y aprovechar las posibilidades que ofrece la tecnología. Sin embargo, tampoco se debe obviar que los teléfonos móviles se han convertido en un arma de doble filo no sólo por la distracción, sino que también por su potencial dañino en temas relacionados con el ciberacoso.
Lo cierto es que, hasta ahora, los proyectos de ley que se han presentado para normar este tema no han prosperado. Parece que la consulta nacional del gobierno de Piñera, le ha dado un nuevo impulso a la discusión parlamentaria, tan propensa a legislar producto de las encuestas. Bueno sería que se logre reabrir este debate para, finalmente, concretar una regulación adecuada a los tiempos.
Después de más de un año estudiando la materia, creo que la prohibición absoluta no es el camino, como sí lo puede ser otorgar espacios bien definidos a las nuevas tecnologías dentro del proceso educativo. También es clave reservar espacios de desconexión digital durante la jornada escolar, haciendo converger ambos métodos para optimizar el proceso de aprendizaje.
Lo cierto es que, dado que Chile presenta uno de los niveles de penetración de telefonía móvil más altos a nivel latinoamericano, urge regular sobre el uso de estos dispositivos en menores de edad. Esperemos que la discusión no se entrampe como lo ha hecho en ocasiones anteriores, y que los legisladores piensen en el bienestar de nuestros niños y jóvenes, más que en una pequeña victoria o derrota política.
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