A ocho años de la matanza de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, un hecho calificado como una grave violación a los derechos humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) inició el proceso de compensación para uno de los sobrevivientes y 47 familiares de las víctimas.
El gobierno mexicano indemnizará a las 48 personas de nacionalidad ecuatoriana, quienes son los primeros en recibir estas compensaciones. Sin embargo, el caso involucró también a migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Brasil.
Este miércoles 22 de agosto, el canciller ecuatoriano José Valencia se reunió con el comisionado Jaime Rochín, para que se haga entrega de las compensaciones, las cuales “fueron determinadas de acuerdo con los estándares internacionales en la materia y que por motivos de seguridad y protección a las víctimas, dichos montos no deben hacerse públicos”, expuso la propia comisión.
Los cuerpos de las 72 víctimas fueron localizados en un rancho localizado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.Lee: A siete años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, 15 consignados pero ni un solo condenado
Para lograr que se otorgaran las indemnizaciones, el gobierno de Ecuador dijo que realizó gestiones con instituciones mexicanas como la CEAV, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Tamaulipas; el trámite se resolvió a favor de las víctimas en julio de 2018.
En julio de 2017, la CNDH señaló que la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, debe ser calificada como una grave violación a los derechos humanos.
México inicia proceso de reparación integral del daño a víctimas ecuatorianas de la masacre de San Fernando https://t.co/ldEnWWnmbl pic.twitter.com/k8hU6MbVLq
— CEAV (@CEAVmex) 22 de agosto de 2018
Por su parte, familiares de las víctimas denunciaron en agosto de 2017 que siete años después de la masacre, aún había cuerpos sin identificar y no tenían acceso a los expedientes del caso.
La CEAV dijo haber hecho “esfuerzos para dilucidar la verdad de los hechos y preservar la memoria”, como la investigación de El Colegio de México, “En el desamparo. Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010) y Allende, Coahuila (2011)”.
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