Con fecha 21 de agosto de 2017, en un acto encabezado por la Presidenta Bachelet, se dio a conocer el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas de Chile. El Plan de Acción, cuya elaboración correspondió a un Grupo de Trabajo Interministerial, con participación de nueve ministerios coordinados por Cancillería, respondió al compromiso del Estado de asumir los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos con el concurso de Chile el 2011.
Cabe recordar, como señaláramos en su oportunidad, que la participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración de este Plan de Acción distó mucho de ser óptima. Ello dado que se limitó a un conjunto de diálogos con organizaciones de la sociedad civil en algunas ciudades del país, diálogos de los que surgieron diversas propuestas, muchas de las cuales no fueron incorporadas en este Plan. Por otro lado, en sus recomendaciones no se asumieron aspectos fundamentales de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre la materia. Así por ejemplo, no se establecieron mecanismos concretos para exigir a las empresas el cumplimiento de las leyes que tengan por objeto respetar los derechos humanos, ni para evaluar aquellas leyes que no resultan adecuadas para garantizar dicho respeto. Tampoco se contemplan en el Plan de Acción mecanismos efectivos para garantizar la debida coherencia de la política pública en materia de empresas y derechos humanos, ni se establecen recomendaciones suficientes para garantizar que las empresas procedan en su actuación con la debida diligencia en materia de derechos humanos.
Con todo, la existencia del Plan de Acción generó expectativas del inicio de una política de Estado para hacer frente a la preocupante situación de afectación de derechos humanos por parte de empresas, tanto públicas como privadas, nacionales o extranjeras. Debe recordarse al respecto que, de acuerdo al INDH, al 2015 existían un total de 102 conflictos socio-ambientales generados por proyectos de inversión de empresas privadas y públicas (28 inversiones en energía, 18 en minería) relacionados con una afectación de diversos derechos humanos, la mayoría de ellos referidos al derecho al medio ambiente, al agua, los derechos de participación, a la consulta de pueblos indígenas, entre otros.
Tratándose de un Plan de Acción que, más allá del gobierno de turno, compromete al Estado en su conjunto, y dada la relevancia que las materias que se abordan en él tienen para el país y para su población, en particular las comunidades de zonas rurales y los pueblos indígenas, resulta sumamente preocupante que, a un año de su lanzamiento, el actual gobierno no haya dado señales claras de su puesta en marcha.
En lo formal, el Decreto (N° 169) del Ministerio de Relaciones Exteriores que crea el Comité Interministerial responsable de asesorar al Presidente de la República en materia de políticas y acciones para dar cumplimiento al Plan de Acción, fue publicado en el Diario Oficial el 09 de abril del presente año, esto más de un semestre después de su dictación el 12 de septiembre de 2017. Se desconoce hasta la fecha las acciones impulsadas por dicho Comité. En el sitio web del Ministerio, que coordina este Comité, no hay información alguna respecto a su labor.
Por otro lado, hasta la fecha no se ha conformado el Grupo Asesor Multiactor, con representantes de la sociedad civil, sindicatos, sector empresarial, pueblos indígenas, academia y del Instituto Nacional de Derechos Humanos según estaba previsto en el Plan de Acción. Ello con el objeto de hacer recomendaciones para su efectiva implementación y para evaluar los avances contenidos en el informe anual del Grupo Interministerial. Esta situación ha resultado en la exclusión de la participación en este Plan de los actores interesados, en particular a las comunidades locales e indígenas, cuyos derechos se ven afectados por las actividades de muchas empresas.
Más preocupante aún son las señales dadas por el actual gobierno en materia económica, las que lejos de manifestar preocupación por el respeto y garantía de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial, parecen orientadas a su debilitamiento.
En efecto, en el mes de mayo pasado el Presidente Piñera hizo anuncios orientados a promover la reactivación de la inversión de los que definió como “proyectos sustentables”. De acuerdo a los anuncios presidenciales, que se tradujeron en la presentación de un proyecto de ley para promover la inversión (Mensaje N° 26-366 de 14 de mayo de 2018), existirían 230 proyectos por un monto de más de 60 mil millones de dólares que, por distintas razones -entre ellas trabas regulatorias y burocráticas, incertidumbre jurídica, judicialización, etc.- se encontrarían paralizados, y que se pretende impulsar entre 2018 y 2021.
Entre las medidas propuestas por el gobierno para estos efectos se incluyen la creación de una plataforma digital para recibir y tramitar las presentaciones relacionadas con los derechos de aprovechamiento de aguas que hoy toman mucho tiempo lo que “genera mucha incertidumbre”; permitir que en los planes de prevención y descontaminación se pueda distinguir entre distintos tipos de fuentes contaminantes para concentrar sus esfuerzos de mitigación en aquellas fuentes “más dañinas”; y facultar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para omitir el pronunciamiento de servicios cuando estos no están fundados para “evitar que esta proliferación de opiniones sin fundamentos que a la larga lo único que hace es que a los proyectos de inversión les tome años poder lograr los necesarios permisos de evaluación ambiental”.
Si bien resulta entendible que el gobierno quiera reactivar la inversión, llama la atención que el Presidente Piñera no haga referencia alguna a los derechos humanos como un elemento a tener en consideración en una política de esta naturaleza. Por el contrario, la mayor parte de las medidas anunciadas resultan regresivas, y ponen en peligro los ya frágiles mecanismos institucionales con que cuentan las comunidades afectadas por proyectos de inversión de empresas, ya sean privadas o públicas, para la protección de sus derechos frente a estas.
A ello se agrega el reciente proyecto de Reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental presentado al Congreso por el gobierno (Mensaje N° 062-366 de 27 de julio de 2018) en el que, junto a numerosas propuestas de reforma institucional, se propone una “participación ciudadana anticipada” obligatoria previa al ingreso de un proyecto de Evaluación de Impacto Ambiental (voluntario en el caso de aquellos proyectos que han de ser evaluados mediante Declaración de Impacto Ambiental). Dicha participación anticipada, a ser convocada por la empresa proponente, e informada al Servicio de Evaluación Ambiental -el que deberá prestar apoyo al proponente- puede resultar en un acuerdo a ser ratificado por el Tribunal Ambiental.
Tal como está planteado este mecanismo, si bien puede facilitar el diálogo entre las empresas y las comunidades, parece estar orientado a lograr acuerdos previos de impacto beneficio, los que pueden resultar en la captura de la voluntad comunitaria. Ello en forma previa al proceso de participación ciudadana hoy considerado en la legislación, así como de la consulta a los pueblos indígenas contenida en el Convenio 169 de la OIT, cuando es pertinente. Por lo mismo lejos de fortalecer los derechos de las comunidades frente a las empresas, los debilita.
En los mismos días en que se cumple un año del lanzamiento de este Plan de Acción (Nacional de Derechos Humanos y Empresas), la prensa informa de la grave crisis socioambiental producida en Quintero y Puchuncaví como consecuencia de un nuevo episodio de contaminación generado por empresas. En esta ocasión, una nube de gases tóxicos (nitrobenceno, cloroformo, tolueno, isobutano) emanada de ellas y que se expandió en el área afectó la salud de más de 130 personas, en su mayoría niños, quienes fueron derivados al hospital al presentar claros síntomas de intoxicación. Esto llevó a las autoridades a declarar una inédita “alerta amarilla” y a paralizar las operaciones de ENAP mientras se realizan las investigaciones que permitan identificar a los responsables. Este evento, catalogado por los habitantes de Quintero y Puchuncaví como el más grave en sus 54 años de historia industrial, da cuenta de la inacción del Estado en una zona que ha sido declarada “saturada” de contaminación, como consecuencia de la operación de 17 empresas, reguladas por bajos estándares ambientales y de derechos.
Ello es particularmente grave teniendo presente que a esta situación de contaminación ambiental contribuyen dos empresas del Estado, como Codelco y ENAP. Se trata de empresas que de acuerdo a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre la materia deben tener un especial cuidado y adoptar medidas adicionales de protección de derechos humanos en el contexto de su actividad para evitar su violación. Ello teniendo presente, además, que en el Plan de Acción se identifican acciones específicas para ambas empresas para el cumplimiento de estos Principios, acciones que evidentemente no han impulsado.
Todo ello viene a confirmar la urgencia de poner en marcha el Plan de Acción Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, con un involucramiento activo no solo del Estado y de sus Ministerios, sino también de la sociedad civil, la academia, las comunidades afectadas, y por cierto de las empresas. De no ser así, la ya precaria confianza de la ciudadanía en el Estado y en sus instituciones, así como en las empresas, que está a la base de la fractura social y política que vive hoy el país, se verá aún más debilitada. Esperemos no sea así.
El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
