La Sala del Senado aprobó este miércoles el informe de la Comisión Mixta sobre la modificación al Código Penal que aumenta las penas del delito de cohecho y soborno. La iniciativa queda a un solo trámite de su total despacho, que mañana cumplirá en la sala de la Cámara de Diputados.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad, incluyendo el voto del senador UDI Iván Moreira, quien financió su campaña parlamentaria con la emisión de boletas falsas en el marco del caso Penta. Cabe recordar que el parlamentario fue desaforado por la Corte Suprema, pero después zafó de una condena gracias a un polémico acuerdo con el Ministerio Público (suspensión condicional del procedimiento) y al pago de una multa por un total de $ 35 millones
Moreira incluso intervino en la sala con un discurso, que comenzó así: “En tiempos en que la política y los políticos hemos sido objeto de críticas muchas veces despiadadas y carentes de fundamento real, este Congreso da una prueba más de su compromiso con estos temas que le importan a los chilenos”.
La intervención de Moreira llamó la atención de redes sociales. Uno de los que comentó su aparición fue el ex fiscal Carlos Gajardo, precisamente uno de los prosecutores que estuvo encargado de indagar sus ilícitos. En un tuit, Gajardo recordó que la ley aprobada por Moreira establece la figura del “cohecho sin contraprestación”. “Es decir, sanciona al funcionario público que recibe dineros de un particular sin que sea necesario acreditar más. Justamente la conducta por la que se investigó a varios funcionarios públicos que eran candidatos en los casos Penta-SQM”, como es el caso de Iván Moreira.
Las nuevas normas y sanciones
El proyecto despachado por el Senado también establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho. En ese sentido, crea nuevos tipos penales no contemplados con anterioridad en nuestra legislación.
Con esta modificación, las penas para los delitos de cohecho y soborno parten en los 3 años y un día y pueden llegar a superar los 10 años. En el caso de autoridades políticas y administrativas, o que ejerzan acciones críticas del Estado, las penas tendrán agravantes.
El proyecto también incorpora una regla de cooperación eficaz (Ministerio Público deberá acreditar) para quien coopere en investigaciones que consistirá en una rebaja en 2 grados de la pena. Sin embargo, esta disposición no regirá en el caso de altos cargos, y se incluyó una norma que prohíbe a un condenado por estos delitos trabajar en una empresa que tenga contratos con el Estado o con una empresa pública.
Desde que ingresó al Congreso, el 8 de junio de 2016, el proyecto ha pasado por varias etapas. El paso clave para la aprobación de esta iniciativa se dio en agosto, cuando la Comisión Mixta aprobó la no necesidad de una contraprestación por parte del funcionario para que se compruebe el delito, tal como tal como se había establecido en el consenso alcanzado por el Gobierno y parlamentarios del oficialismo y la oposición. En aquella ocasión también se aumentaron las sanciones al delito de soborno.
Reacciones en el hemiciclo
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, celebró la aprobación del proyecto, señalando que la iniciativa se ajusta a los “estándares internacionales” y fue resultado del “esfuerzo compartido entre parlamentarios y el Gobierno”. Por su parte, el senador RN Andrés Allamand señaló que el proyecto “implica un avance relevante que otorga nuevas y mejores herramientas para prevenir, perseguir y sancionar la corrupción lo cual fortalecerá la confianza del ciudadanía en las instituciones públicas de nuestro país”.
Desde el Partido Socialista (PS) expresaron su alegría por la aprobación de dicha iniciativa. El jefe de bancada, Rabindranath Quinteros, sostuvo que “el paso que hemos dado al aprobar este proyecto es muy importante en el largo camino para que las instituciones públicas recuperen la confianza de la ciudadanía”.
“La gente está hastiada de ver desfilar por los tribunales a autoridades, generales, altos funcionarios, para luego ser condenados a penas irrisorias. Con este proyecto que hemos aprobado los responsables de estos ilícitos deberán enfrentar consecuencias más graves, y no sólo una suspensión del procedimiento, una pena remitida o un curso de ética”, agregó Quinteros.
“La bancada socialista está muy contenta que este proyecto, que se inició con el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y que fue mejorado por el parlamento, pueda ver la luz para que la gente nuevamente confíe en la política y en los políticos”, finalizó el jefe de bancada.
En tanto, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Francisco Huenchumilla, pieza clave del avance de este proyecto, aseguró que “los países fracasan cuando sus instituciones son débiles y lo que estamos haciendo con este proyecto es el fortalecimiento institucional del Estado”.
