Ciudad de México. (Veronica Gascón) – El sector privado exhortó a los senadores a aprobar la compensación universal porque de lo contrario se descapitalizarían las empresas y elevaría sus costos.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que la propuesta obligaría a realizar de manera separada e independiente el pago de impuestos y la reclamación de devoluciones al fisco, generando mayores costos administrativos y contables.
“Eliminar la compensación universal tendría un claro impacto negativo en los costos financieros de las empresas, con el consecuente impacto en el nivel de precios al consumidor, el pago a proveedores, la liquidez, y el flujo de efectivo necesario para la continuidad muchas de empresas. Así, afectaría el crecimiento económico y -en última instancia- los ingresos tributarios que hoy pretenden elevarse”, dijo en un comunicado.
Exhortó al Senado de la República a reconsiderar y enmendar el cambio, que calificó como un error. Ante la reducción en las expectativas de crecimiento para 2019, aseguró, México necesita acelerar su actividad productiva creando un ambiente propicio para el desarrollo de las empresas.
Añadió que si el objetivo es reducir la evasión fiscal, el sector empresarial propone que se establezca una cláusula que prevea, para los contribuyentes cumplidos, supuestos en los que siga aplicando la compensación universal.
“Así, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría, a través de reglas de carácter general, permitir la continuidad de la compensación universal a los contribuyentes que cuenten con un historial de cumplimiento adecuado de sus obligaciones fiscales”, comentó.
Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, afirmó en su cuenta de Twitter que eliminar la compensación universal de impuestos descapitalizará a las pequeñas empresas, generará corrupción en las devoluciones y empujará a la informalidad.
La compensación universal de impuestos federales, que ha funcionado desde 2004, ofrece la posibilidad a las empresas de compensar saldos a favor de un impuesto contra saldos a cargo de otros, evitando transacciones innecesarias y garantizando que el pago de impuestos y las devoluciones fiscales se realicen de manera inmediata.
El nuevo esquema que se plantea con la inclusión del artículo 25 fracción VI de la Ley de Ingresos 2019, en cambio, pretende eliminar esta posibilidad.
“Más que solucionar el problema de raíz, crea otro más severo; particularmente, en aquellos sectores que generan saldos a favor de manera recurrente, como el sector agropecuario y agroindustrial, o la industria maquiladora y manufacturera de exportación; y el sector de medicinas”, afirmó el CCE.
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