Los diputados de Morena incluyeron en los temas a discutir en el próximo periodo extraordinario las reformas al Artículo 19 constitucional que establece la prisión preventiva oficiosa para un nuevo listado de delitos, sin que se cuente aún con un dictamen, acusó la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle.
“Nos toma por sorpresa porque la reforma al artículo 19 constitucional se aprobó en el Senado hace un mes y si bien fue turnada a diputados, la comisión de Puntos Constitucionales todavía no se convoca a discutir y analizar esta reforma constitucional”, dijo Tagle.
La legisladora explicó que la Comisión Permanente definió los temas que se tratarán en el periodo extraordinario que inicia el próximo 16 de enero: guardia nacional de la que ya existe un dictamen y sobre la que además se harán audiencias públicas para escuchar más posturas, y prisión preventiva de la que solo tienen la minuta que llegó del Senado.
Tagle señaló que al ser una reforma constitucional se deben seguir los lineamientos, “no te puedes saltar nada aprobarla primero en comisiones y luego en el pleno, supongo que habrá una convocatoria y tendrán que hacer llegar un proyecto de dictamen”.
La reforma al artículo 19 establece la prisión preventiva oficiosa a delitos como abuso sexual contra menores, desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, así como el uso de programas sociales con fines electorales y vinculados a corrupción.
También establece la prisión preventiva oficiosa a los delitos de robo a transporte en cualquier modalidad y los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Tagle criticó que se busque discutir y aprobar dos reformas constitucionales “de manera muy apresurada, sin la discusión que requieren reformas constitucionales de este calado”.
“La propia comisión de Puntos Constitucionales se encuentra en discusión y audiencias por el tema de la guardia nacional, no hemos concluido esa discusión y ya quieren abrir una nueva, y no es que no se quiera trabajar, sino que se trata de reformas constitucionales que requieren conocer realmente el impacto que generan, más tratándose de prisión preventiva”.
Organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazan la reforma pues la consideran una regresión en el sistema de justicia, pues considera que no abona “a la reinserción social, justicia alternativa, ni al principio de presunción de inocencia, elementos indispensables a respetar y desarrollar en la justicia penal acusatoria”.
