La Secretaría de Educación Pública (SEP) quedó al margen de la operación del programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García que sólo será administrado por el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal).
Este es un organismo internacional que no está regido por las obligaciones presupuestales ni rendición de cuentas de la administración pública federal, según respondió la dependencia a diversas solicitudes de información realizadas por Animal Político.
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Aunque el programa tiene mil millones de pesos de presupuesto etiquetado en la Subsecretaría de Educación Superior, la dependencia no lo ejecutará directamente, sino que lo entregará al Crefal, pero aún no se determina bajo qué mecanismo legal, ni cómo se vigilará su correcta asignación, ni cuál será el proceso de rendición de cuentas.
Tampoco existe el diagnóstico de la problemática que el programa prevé combatir, ni el plan de acción o proyección de resultados, ni algún documento que justifique por qué será el Crefal quien opere el programa y no la SEP.
La SEP argumentó en las respuestas que se encuentra “en proceso de elaboración de los lineamientos para la operación del Programa”, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el programa en diciembre de 2018 y que las 100 universidades iniciarán operaciones el próximo 25 de marzo.
El programa será coordinado por Raquel Sosa, quien fue nombrada directora general del Crefal en diciembre de 2018, en sustitución de Sergio Cárdenas, quien apenas cumplía el primero de los tres años de su mandato.
Sin claridad del presupuesto
El Crefal es un organismo internacional, autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, “al servicio de los países de América Latina y el Caribe”, y que fue creado mediante el Convenio de Cooperación Regional entre la UNESCO, la Organización de Estados Americanos y 12 países de América Latina y el Caribe en 1951.
La finalidad fue formar personal especializado, generar investigaciones, sistematizar conocimientos y experiencias; diseñar y producir materiales educativos, y dar asesoría y consultoría como parte de la cooperación regional en materia educativa.
El sostenimiento económico ha estado a cargo de los países miembro: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela y Cuba.
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Raquel Sosa, la nueva directora, asegura que “los demás países no han aportado históricamente. A veces aportar algo en especie, pero el recurso fundamental desde el principio hasta el día de hoy, es un recurso del gobierno mexicano”.
Por eso es que la administración federal decidió que las universidades serían operadas a través del organismo internacional. “Analizamos la situación del Crefal y se lo planteamos a los embajadores que forman parte del Consejo de Administración y estuvieron de acuerdo y muy contentos de que se devuelva al Crefal el sentido del trabajo en beneficio de las comunidades que es el sentido histórico de esta institución”, dijo Sosa en entrevista con Animal Político.
Fuentes cercanas al proceso aseguraron que los embajadores de los estados miembros que conforman el Consejo de Administración, máximo órgano de decisión del Crefal, estaban molestos por la decisión.
De hecho los embajadores de Uruguay, Jorge Alberto Delgado, y de Honduras, Alden Rivera, se abstuvieron de apoyar el nombramiento de Raquel Sosa, durante una reunión realizada la primera semana de diciembre de 2018. Pero se logró la designación debido a que el representante de México preside del Consejo de Administración.
Por ello, el exdirector Sergio Cárdenas fue sustituido de manera abrupta, pese a que su plan de trabajo estaba previsto hasta 2020.
Aunque Sosa tomó posesión de la dirección del Crefal desde diciembre, aún no se establece la manera en que la SEP le entregará los recursos, pues el organismo es autónomo y no forma parte de la administración pública federal, por eso es que el presupuesto está etiquetado en la Subsecretaría de Educación Pública.
“Los recursos están en la SEP en este momento y serán trasladados al Crefal, eso estamos terminando el instrumento que daremos a conocer la próxima semana, de acuerdo a todos los requerimientos que han planteado las instancias”, dijo Sosa en entrevista (realizada el 8 de marzo), pero hasta el momento no ha habido ningún anuncio al respecto.
Además, el Crefal no es un sujeto obligado de transparencia, porque se trata de un organismo internacional que no forma parte de la administración pública federal y, por lo tanto, no se le podrían hacer solicitudes de información directamente, según la Ley General de Transparencia.
Quién sí podría fiscalizar el destino de los mil millones de pesos de presupuesto es la Auditoría Superior de la Federación porque se trata de recursos públicos, pero sólo si forma parte de su programa de auditorías programadas para la SEP.
Al respecto, Sosa aseguró que la SEP estaba trabajando “en el procedimiento de rendición de cuentas de esos recursos, porque Crefal antes no tenía ningún procedimiento con el argumento que eran recursos que quedaban en un organismo internacional. Nosotros queremos que haya una rendición plena y clara y que todo el recurso que llega a Crefal se destine al programa de las universidades”, dijo Sosa.
Animal Político solicitó a la SEP, vía transparencia, el calendario de aplicación de los recursos y el destino del gasto, pero la Dirección General de Educación Superior Universitaria (que tiene el presupuesto etiquetado) respondió que “no existe documento alguno con las características requeridas”. Mientras que la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros ni siquiera dio un argumento sobre este tema, pues su respuesta se refería a otra solicitud de información.
Sin análisis, metas ni objetivos
En la solicitud número 1100068119, Animal Político solicitó la documentación que diera cuenta de la pertinencia u objetivo que el gobierno federal pretende alcanzar al aplicar este programa; las proyecciones, metas, acciones, calendario de avances y todo aquello que explique cómo se llevará a cabo dicho programa, desde su anuncio, hasta la operación de las 100 universidades; las reglas de operación, lineamientos, y reglamentos para operar.
Sin embargo, la SEP respondió que no existe ningún documento con la información requerida. En cambio sólo adjunto ocho links con boletines de prensa, versiones estenográficas de las intervenciones del Presidente y conferencias de prensa en las que no se encuentra datos concretos respecto a lo solicitado.
También respondió que la Subsecretaría de Educación Superior “se encuentra en proceso de elaboración de los lineamientos para la operación del Programa en cita y una vez finalizado dicho proceso, la información se pondrá a disposición del particular”.
Y respondió exactamente con los mismos argumentos y links a la solicitud de información 1100068619 en la que se pidió la justificación legal sobre la decisión que el programa de Universidades fuese operado desde el Crefal.
La SEP tampoco tiene documentación que de cuenta sobre los lugares donde se prevé construir, instalar u operar las 100 nuevas universidades, ni el plan de construcción y operación de cada una o los procesos de obtención, compra, renta, donación, cesión, comodato de los terrenos donde se construirán, según respondió a la solicitud número 1100068819.
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