El pleno del Senado aprobó con 110 votos reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal, para establecer medidas como la inhabilitación temporal o la “muerte civil” de funcionarios que incurran en actos de corrupción. Es decir, que ya no puedan ocupar cargos si incurren en faltas graves.
Las faltas administrativas graves de servidores públicos, establecidas en la reforma, son: cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia.
La sanción podrá ser de uno y hasta 10 años, si el monto de la afectación no excede 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), indica el dictamen aprobado.
En el caso de la inhabilitación definitiva, procederá si el monto de la afectación de la falta administrativa grave excede mil 500 veces el valor diario de la UMA.
“La ley prevé, en sus artículos 88 y 89, que la persona que haya realizado alguna falta administrativa grave o falta de particulares, podrá confesar su responsabilidad para acogerse al beneficio de reducción de sanciones”, detalló el Senado, en un comunicado.
“La aplicación de este beneficio puede reducir entre 50 y 70 por ciento el monto de las sanciones impuestas al responsable; hasta el total, tratándose de la inhabilitación temporal por faltas de particulares”, agregó.
El dictamen aprobado fue remitido a la Cámara de Diputados, para continuar con el proceso legislativo.
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