La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de apelación contra la decisión del juez Héctor Manuel Cervantes Martínez de no ligar a proceso a Irineo Mujica, director de la organización Pueblo Sin Fronteras, detenido el pasado 5 de junio bajo la acusación de tráfico de personas y posteriormente liberado.
En su escrito, la FGR retoma la línea argumental contra las caravanas de migrantes. Establece que Mujica “es organizador” de una marcha en febrero, “por lo que en esa posición de poder sí es probable, y así debió apreciarlo el juez de control, que haya solicitado alguna cantidad de dinero por su servicio”.
El mismo día que Mujica fue arrestado, la Fiscalía ordenó la detención del también activista Cristóbal Sánchez, la cual sucedió en Xochimilco, Ciudad de México. La base de la acusación es el testimonio de dos matrimonios hondureños que señalaron a los defensores por haberles presuntamente cobrado para ayudarles a transitar por México.
¿Por qué detuvieron a Irineo y Cristóbal, defensores de derechos de migrantes?
En una audiencia, ambos fueron excarcelados, pues el juez estableció que ambos se encontraban en lugares distintos a los que les ubicaba la denuncia por lo que no se les ligó a proceso.
Ahora la FGR actúa contra Mújica, pero no contra Sánchez.
En su escrito, al que tuvo acceso Animal Político, el fiscal Raúl Alejandro Armenta Alvarado utiliza dos líneas argumentativas.
Por un lado, apoya la tesis del juez sobre la existencia de un delito. Es decir, que hubo una caravana, lo que implica un transporte de migrantes, y que alguien pidió dinero a los denunciantes. Esta teoría, que equipara esta marcha de centroamericanos con el transporte, sirve para encajar las caravanas con el tipo penal reflejado en el artículo 159 de la Ley de Migración. Es decir, que puede considerarse que ser activista en una de estas marchas es ayudar a transportar migrantes irregulares y, por lo tanto, viola la ley.
Por otro lado, pone en cuestión las pruebas presentadas por la defensa, que sirvieron para demostrar que Mujica no estaba en Mapastepec, Chiapas, el 27 de febrero a las 9.30 de la mañana, donde los denunciantes dicen que le entregaron siete mil dólares, sino en Chahuites, Oaxaca. El activista sostuvo su declaración en el testimonio de una mujer que le vio pasadas las 9.30 de la mañana y en las fotos que tomó desde su celular a las 10.30 horas.
Siembran la duda hacia testigo y fotografías
En su declaración, Mujica señaló que entre el 22 y el 26 de febrero estuvo en Chiapas, donde cientos de personas procedentes de Centroamérica avanzaban hacia el norte. Aseguró que no participó en el acompañamiento de la marcha como había ocurrido en 2018 por miedo a la posible criminalización. Negó haber cobrado ninguna cantidad a nadie y aseguró que su trabajo se limitó a tomar fotografías y, en ocasiones, comprar alimentos para los migrantes.
El fiscal, sin embargo, rechaza esta versión.
“Los datos aportados por el Ministerio Público son suficientes para establecer la probable (que no plena) participación del imputado, pero el juez desvaloró esos indicios razonables como lo son la imputación firme, sostenida y categórica de las dos víctimas que lo señalaron como organizador de la caravana de migrantes en la que ellos participaron, que les acompañó durante su recorrido, que les pidió dinero para transportarlos a través del territorio nacional, sin tener problemas con la autoridad migratoria, y obtuvo diversas cantidades de dinero de parte de éstos, así como la ubicación del propio imputado al rendir declaración ante el juzgador, respecto de haber dado seguimiento a la caravana entre el 22 y 26 de febrero”, dice en su escrito.
En opinión del Ministerio Público, el acusado “corroboró su dicho con las propias fotografías del celular que presentó como suyo, en las que se aprecia que estaba con la caravana de migrantes, indicios que en caso de que fuese procedente su valoración bajo las reglas de la lógica y la experiencia, establecen que el imputado sí es organizador de la caravana y daba instrucciones a otras personas que coadyuvan al transporte de los migrantes, por lo que en esa posición de poder sí es probable, y así debió apreciarlo el juez de control, que haya solicitado alguna cantidad de dinero por su servicio”.
En el recurso de apelación, fechado a 17 de junio, el fiscal intenta restar credibilidad a las palabras de Jesús Jerónimo Alzate, una mujer que se encontraba limpiando una vivienda junto a la antigua Casa del Migrante de Chahuites, que regentaba Mujica y donde aseguró haberle visto a las 9.30 horas. En su opinión, este testimonio mostró signos de un “previo y especial aleccionamiento” por lo que no debió ser considerado.
Sobre las fotos del celular de Mujica, el fiscal llega a poner en duda que se trate del terminal del activista o que las imágenes se tomasen en el lugar que él dice. Además, señala que la tecnología actual permite manipular la fecha, hora y lugar de registro de la toma de la fotografía.
Según el fiscal, Mújica “admite que estaba en el lugar de comisión del hecho delictivo que se le imputa, organizando la caravana, y luego trata de probar falsamente que no estaba en ese lugar, lo cual resulta absurdo a la luz de la lógica elemental en atención a la distancia del lugar donde estaba la caravana y la distancia en vehículo entre ese punto y el alegado por el imputado, ya que es perfectamente posible que el imputado estuviese el día 27 por la mañana en el lugar de la caravana, haya recibido de las víctimas el dinero que éstas refieren le entregaron y acto seguido se haya trasladado al punto que refiere estaba”.
Dice el representante del Ministerio Público que la posibilidad de haber estado en Mapastepec a las 9.30 recogiendo el dinero y llegar a Chahuites a las 10.45 puede ser corroborada hasta en Google Maps. Sin embargo, la aplicación referida especifica que la distancia entre ambos municipios es de 184 kilómetros y se recorre en casi dos horas y media.
Para el fiscal, “es un hecho público y notorio al ser publicitado por los medios de comunicación, que el imputado es parte de los organizadores de esa caravana de miles de migrantes y de otras más, por lo que la lógica indica que debía estar el día 27 de febrero en esa caravana cuya existencia él mismo reconoce y no en otro poblado sacando fotos de su casa, que por cierto no acreditó haber puesto en venta como dijo”.
Alex Mensing, director de proyectos de Pueblo Sin Fronteras, la organización que dirige Mujica, niega que este organizase ninguna caravana. “No organizamos ninguna marcha de este tipo desde abril de 2018”, asegura.
“Es absurdo que sigamos con servidores públicos como son los fiscales dispuestos a mentir y a fabricar delitos para atacar a las personas defensoras de los derechos humanos por exponer los abusos que se dan en el sur de México”, dijo Mensing.
La fiscalía de Chiapas quiere a todo costo vincular a proceso a Irineo Mujica. ¿Por qué? Porque así lo podrán encarcelar por un año+ sin haber cometido ningún crimen y dar una lección a defensores. Los “delitos” no existen y las “víctimas” fueron usados en una mentira de estado.
— Alex Mensing (@alex_mensing) 21 de junio de 2019
El activista mostró su preocupación sobre el intento de convertir la organización de caravanas en un delito.
“Es muy peligroso que el gobierno de México, la Fiscalía, estén diciendo que la organización colectiva entre personas migrantes es un delito, cuando la gente siempre se ha organizado para proteger sus vidas ante el crimen organizado y las autoridades. Irineo Mujica no estaba organizando una caravana en febrero. Pueblo Sin Fronteras no hemos organizado caravana desde abril de 2018. Pero eso no es un crimen. Siempre hemos trabajado a la luz del día, en coordinación con las autoridades y nunca hemos evadido a la ley”, afirmó.
“Tratan de establecer ese nexo (Irineo como organizador de caravanas) como un argumento, no como un tema legal, sino como algo de contexto. Desde el punto de vista jurídico ese argumento no tiene valor, solo intenta crear un discurso y empujar hacia la criminalización de las personas que acompañaron a las caravanas”, dice Santiago Núñez, abogado que ha acompañado el caso de Mujica y el de Cristóbal Sánchez.
En su opinión, la apelación “no tiene muchos pies, jurídicamente hablando”. “Acreditamos que no estaba en Mapastepec, por lo que no existe la posibilidad de que cometiese el delito”, asegura.
La FGR anunció el 12 de junio que apelaría la decisión del juez de no vincular a proceso a Irineo Mujica y que estudiaba el caso de Cristóbal Sánchez, contra quien optó por no seguir con la acción penal.
El 13 de junio, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró en una entrevista en Televisa que no actuaban contra Sánchez por estar bajo el mecanismo de protección de defensores, pero que siempre había sostenido que Pueblo Sin Fronteras organiza las caravanas. Irineo Mujica está protegido por este mecanismo desde el 3 de abril de este año, según un documento oficial al que tuvo acceso Animal Político.
El caso está ahora en manos de un magistrado quien decidirá si exonera definitivamente a Irineo Mújica o lo liga a proceso, como pide el Ministerio Público. La decisión puede demorar varios meses.
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