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Fotos de eventos pasados, contrataciones exprés, empresas fantasma; y aún así la ASF perdonó a Velasco



Las empresas fantasma contratadas por Chiapas también operan en red. Es decir, tras una revisión en el Registro Público de Comercio se comprobó que comparten socios, representantes legales, comisarios, direcciones fiscales, y hasta las fechas en que fueron disueltas para desaparecer.
Por citar unos ejemplos: Comercializadora de Todo Jacima SA de CV y Robotium Asesorías tienen el mismo representante legal y la misma dirección en una colonia popular de la alcaldía capitalina Iztacalco. 
Las dos empresas fueron liquidadas el mismo día, el 17 de octubre de 2017, una semana después de que la Auditoría las visitara y documentara que no existían. Ambas alegaron que estaban en “números rojos”, pese a que acababan de ganar 50 millones del gobierno de Chiapas.
Grupo Asesor Odul y Promocionales Deko tienen a la misma representante que, a su vez, es hermana de la representante de Constructora de Inmuebles Master. 
Tishrei Asesorías tiene la misma dirección que Operadora Master y Promocionales Deko en otro barrio popular de la Ciudad de México. Y Grupo Publicitario ADAR tiene el mismo representante que Tishrei Asesorías. 
Tan operan en red, que estas empresas se hicieron transferencias de dinero entre sí, fueron contratadas por montos idénticos, vendieron productos al mismo precio unitario, y emitieron facturas en bloque, con solo minutos de diferencia. 
Con este perfil, no le debió resultar muy complicado al SAT incluir a estas empresas en sus listas negras de fraude. Hasta ahora, de las 22 boletinadas, once ya han sido declaradas irregulares de forma definitiva, pues ya se comprobó que simularon todas sus operaciones; mientras que otras once son investigadas porque se detectaron los mismos indicios.
“La Auditoría dio por buena la información que teníamos en ese momento. Los actos posteriores sobre la categoría que pueda dar el SAT a las empresas no era de nuestro conocimiento”, dijo el auditor Rojkind, aunque, según las fechas que constan en el SAT, once empresas ya estaban en las listas públicas de sociedades fantasma antes de que la Auditoría solventara las irregularidades el 9 de octubre de 2018.
El argumento de que al momento de revisar a las empresas éstas eran legales —porque tenían sus actas constitutivas y sus registros de contribuyentes vigentes ante el SAT—, es el que apunta el gobierno de Manuel Velasco para deslindarse de las empresas fantasma que contrató por 685 millones de pesos. 
De ahí que, a través de Humberto Pedrero, extitular de Hacienda en el gobierno de Velasco y hoy diputado del Partido Verde, la Sedem insistió en que, si después del contrato el SAT declaró a las empresas como fantasma, no es su responsabilidad.
Un argumento, sin embargo, que choca con la ley mexicana, según Luis Pérez de Acha, abogado constitucionalista, quien explicó que cuando una compañía es incluida en la lista negra del SAT, automáticamente todas sus facturas y operaciones son irregulares. “Todas a rajatabla”, subrayó.
Y esto, además, tiene carácter retroactivo. Es decir, que las operaciones comerciales de la empresa fantasma son inválidas hacia el futuro —se prohíbe hacer negocios con ellas—, pero también son inválidas hacia el pasado.
Aquí está la clave: “Si la empresa fantasma emitió facturas en 2016, pero fue boletinada ahora, en 2019, para efectos del artículo 69 Bis del Código Fiscal de la Federación todas sus facturas son inválidas, desde la primera hasta la última. Y esto significa que el pago de la dependencia pública fue realizado de manera ilícita”, recalcó Pérez de Acha, quien subrayó que esa retroactividad está respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por la Constitución.
—¿Sería entonces válido el argumento de la Sedem, de que las empresas eran legales al momento de contratarlas y que no habría irregularidad? —se le insistió—.
—Definitivamente, no. Es una argumentación inválida —dijo el abogado—.
Para este reportaje, el equipo de Manuel Velasco entregó documentación para mostrar que las presuntas irregularidades estaban aclaradas, pero estos documentos resultaron ser los mismos que se enviaron a la ASF y cuyo análisis y revisión se detalló a lo largo de las tres entregas de esta investigación. 



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