‘Estamos luchando y necesitamos protección’: indígenas en foro

Fue difícil quedarse en silencio. Muchos necesitaban hablar, gritar, llorar. Hubo que encontrar la forma, y el dolor y la rabia se transformaron en aplausos, en un minuto de aplausos por los defensores de la tierra y el territorio asesinados.
José Luis Bitimeo Valenzuela, indígena mayo yoreme de Sinaloa, fue quien desató las primeras arengas, al plantear los resolutivos de la mesa sobre tierras, territorios, recursos y biodiversidad, en la que participaron 84 personas como parte de los foros de consulta respecto a las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. 
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizó estos foros por todo el país, para elaborar una iniciativa de reforma constitucional.
“Para hacer justicia social es necesario reconocer, consagrar y dotar de capacidades a quienes han sido históricamente marginados”, afirmó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en la inauguración del foro nacional, donde se recogieron las propuestas de temas para integrar la iniciativa de reforma.
“Tenemos el mandato de generar bienestar para todas y todos; tenemos que empezar por los grupos más vulnerables que han sido agraviados durante siglos”, aseguró.
En el tercer y último día de trabajos del foro nacional, José Luis Bitimeo, el indígena mayo yoreme, pronunció uno a uno los resolutivos de esa mesa de trabajo, la de tierra y territorio, que dijo, fue una de las de mayor interés para quienes participaron en los foros previos, de los que salieron las conclusiones presentadas en el foro nacional, realizado del 6 a este 8 de agosto, en la Ciudad de México.
El indígena mayo yoreme enumeró primero los temas para propuesta de reforma constitucional que resultaron de la mesa de trabajo donde él participó. Habló de las necesarias modificaciones a los artículos 2 y 27 constitucionales para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios.
También mencionó la necesidad de elevar a la Constitución la protección especial a los territorios y al patrimonio biocultural indígena y el reconocimiento pleno e integral de las propiedades, tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos y comunidades, incluso los considerados estratégicos para la nación. Esas palabras de Bitimeo arrancaron los primeros aplausos, en un auditorio que había permanecido sin inmutarse.
“Las asambleas comunitarias –siguió– son la máxima autoridad en el dominio pleno, cuidado y administración del territorio indígena”. Enlistó también entre los temas previstos para estar en la Constitución, las medidas compensatorias a comunidades afectadas en sus tierras y territorios o por conflictos de límites.
Para incluir como leyes secundarias, el indígena mayo yoreme mencionó la distribución justa y equitativa de los beneficios a las comunidades cuando sus recursos sean aprovechados por el Estado o por terceros, así como reconocer legalmente las decisiones sobre el territorio emanadas de los sistemas normativos y los estatutos comunales vigentes de los pueblos indígenas.
Los aplausos volvieron cuando mencionó para considerarse entre las leyes secundarias el reformar la ley energética y la ley minera, para quitarles a estas actividades económicas el carácter de preponderantes sobre cualquier otra actividad, al menos en los territorios indígenas.
“Protección y acceso libre de los pueblos a sus lugares sagrados”, enunció, y varios de los asistentes, representantes de todas las etnias del país, se pusieron de pie para aplaudir.
Bitimeo siguió, ahora con los temas para políticas públicas, programas y acciones del gobierno: “que los lineamientos y reglas de operación de los programas públicos sean accesibles al pequeño productor indígena y tengan pertinencia cultural, que los funcionarios que atiendan a un pueblo indígena sean hablantes de su lengua, y establecer atribuciones para que las asambleas comunitarias puedan sancionar a sus autoridades cuando dispongan de sus territorios y recursos naturales de manera indebida”.
Y ahí ya los aplausos, el bullicio y las consignas se habían instalado. Todavía remató Bitimeo con algo que caló más: “la responsabilidad del Estado mexicano para que vigile que las empresas cumplan todas las leyes aplicables y respeten los derechos humanos y el medio ambiente”.
Sonó hasta el caracol, y el indígena agregó: “queremos políticas públicas eficientes para la protección de personas defensoras del territorio. Hablando de empresas y mega proyectos, en Sinaloa estamos luchando y necesitamos protección. Ojalá que al volver allá no se cumplan las amenazas de muerte que pesan sobre nosotros. No queremos un Samir más”.
El nombre del defensor asesinado en febrero surtió su efecto. Las voces se levantaron de todas las partes del auditorio: “no más criminalización a los defensores de tierra y territorio”, se oyó en un lado. “Justicia para Samir y para todos”, gritaron en otro extremo. “No a la presa en Itzamatitlán”, “ni a la de Temacapulín”, “ni a ninguna otra”, “vamos compañeros”.
“Aquí no”, gritó Bitimeo, para explicar que era el nombre del colectivo que lucha en Sinaloa por el no a una presa, y aunque agradeció el espacio y trató de cerrar la intervención para seguir con el foro nacional, los asistentes tenían mucho que gritar, varios por su cuenta siguieron reclamando el no a los mega proyectos en sus territorios, adornadas las consignas por el sonido del caracol.
El moderador, un funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), trató de seguir el programa, pero los gritos de reclamo, que evidenciaban todos los problemas en los territorios, no cesaban. “Sé que hay mucho dolor, compañeros, pero hay que seguir”, dijo. “Justicia para Samir”, le respondió un grito, y a ese nombre se sucedieron otros, junto a la misma exigencia de justicia.
No sirvieron las peticiones de silencio del moderador y entonces pidió un minuto de aplausos por todos los defensores asesinados. Los alrededor de 900 asistentes se pusieron de pie y cambiaron los gritos por el homenaje en palmas a sus compañeros caídos. Solo después de eso volvió un poco la calma y el foro pudo seguir.
Otros temas para elevar a rango constitucional fueron, respecto a justicia: que se reconozcan los sistemas normativos indígenas para que se respeten y se tomen en cuenta en la solución de conflictos; que se reconozca a las autoridades comunitarias como órganos juridiccionales, en los mismos términos que jueces y tribunales; y que se les reconozcan sus sistemas de seguridad comunitaria.
Una exigencia más en el ámbito de justicia es que haya tribunales especializados, con juzgadores bilingües, en las lenguas maternas y sus variantes, así como defensores públicos y peritos.
En cuanto a instancias de decisión, las propuestas para llevar a reformas constitucionales son: establecer y garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la representación y participación en la vida económica, social y política, en todos los ámbitos y niveles. La presentación política será a través de autoridades elegidas bajo los propios sistemas normativos.
Respecto a la cuestión del desarrollo, las propuestas giraron en torno a elaborar modelos de desarrollo con pertinencia cultural, que respeten el patrimonio biocultural, los recursos fitoalimentarios, las semillas nativas y los conocimientos tradicionales, en especial el sistema milpa. Los representantes de las comunidades se pronunciaron por el no a los transgénicos y por el derecho a un medio ambiente sano.
Después de la realización de 55 foros regionales y el nacional, se habrán de construir acuerdos y consensos globales y conformar una comisión que tendrá la encomienda de entregar al presidente Andrés Manuel López Obrador el documento de conclusiones para solicitar el inicio del proceso correspondiente ante el poder Legislativo.

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