El Estado abandona a huérfanos de feminicidio

Campira Camorlinga Alanís fue asesinada el 31 de diciembre de 2016 en la Ciudad de México, por su entonces pareja sentimental, Jorge Humberto “N”, hoy detenido.
Sus hijos, Carlos y Alexa, perdieron a su madre, quedaron huérfanos y se convirtieron en víctimas de la violencia en el país, pero eso no fue suficiente para que el Estado mexicano les diera reconocimiento como tal.
Durante casi dos años los menores “no existieron” en la investigación. En consecuencia, los hermanos, ambos menores de edad, no han recibido la asistencia que el Estado está obligado a brindarles, como terapia psicológica y apoyo para su educación, derechos que forman parte de la reparación integral del daño establecida en la Ley General de Víctimas.
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Bajo esta situación hay miles de menores de edad, que han quedado huérfanos por feminicidio en los últimos años.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero de 2015 a mayo de 2019 se registraron 3 mil 17 feminicidios, de los cuales alrededor de 2 mil víctimas tenían más de 18 años, lo que significa que pudieron estar en edad reproductiva y haber sido madres de familia.
Además, en el mismo periodo el SESNSP registra 9 mil 892 mujeres víctimas de homicidio doloso, sin especificar cuántos de estos casos pueden ser investigados como feminicidio.
De todas estas mujeres asesinadas, no hay información sobre cuántas eran madres y por tanto se desconoce el número total de menores que quedaron en orfandad.
Animal Político solicitó vía transparencia a las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas de la Violencia y a cada Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) en las 32 entidades los registros de huérfanos víctimas de feminicidio que han recibido atención desde 2012.
De acuerdo a los registros, oficialmente solo están registrados por las autoridades 238 huérfanos que reciben atención del Estado como víctimas de la violencia.
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Menores que no existen para el Estado
Los huérfanos por feminicidio deben estar amparados en la Ley General de Víctimas —creada en 2013 y reformada en 2017— bajo la figura de víctimas indirectas, “los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella”.
Según esta ley, las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, dependencias e instituciones públicas tienen que velar por la protección de las víctimas indirectas y deben brindarles atención inmediata, en especial, en materias de salud, educación y asistencia social, además de garantizar las medidas de reparación integral, la cual incluye las “medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición”.
Los diferentes niveles de gobierno que no cumplan con estos principios “quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar”.
Pero en la realidad, sin un registro nacional, se desconoce cuántos menores logran acceder a estos derechos y qué tipo de ayuda reciben.
Según los testimonios de víctimas y especialistas entrevistados por Animal Político, en su mayoría, las niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio no logran la reparación integral del daño por: deficiencias en la investigación, omisiones en el proceso judicial, desconocimiento de los funcionarios de los ministerios públicos sobre los derechos de las víctimas indirectas, y que ninguna dependencia federal tiene la facultad u obligación de hacer un registro oficial de estos casos.
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En entrevista, Gail Aguilar, titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, explica que un registro de huérfanos por feminicidio no existe porque no está estipulado por la Ley. Por tanto, la Comisión solo cuenta con un registro nacional de víctimas directas e indirectas.
Otra de la razones, según Gail, que complican tener una base de datos nacional es que el feminicidio es un delito que se atiende a nivel local, por lo que es más factible que cada estado lleve su registro acorde a sus leyes.
“En la CEAV tenemos la facultad de atraer casos locales a nivel federal, pero solo cuando es solicitado por las víctimas indirectas, siendo así la única manera en la que podríamos contar con un registro más preciso”, refiere.
El hecho de que en varios estados las comisiones locales apenas se están creando también imposibilita contar datos nacionales.
Gail detalla que en los últimos dos años, la Comisión ha impulsado políticas públicas con las que se logren atraer más casos a nivel federal, y así garantizar que los menores logren una reparación integral del daño.
Por el momento la CEAV no puede hacer más que lo que está establecido en la Ley, que es atraer casos —cuando haya elementos de trascendencia nacional—, emitir opiniones técnicas y vigilar que se cumpla con la reparación integral del daño, esto último a solicitud de las víctimas o de una ONG.
Para una opinión técnica, la CEAV elabora un expediente del caso, hace un análisis técnico jurídico y entrega conclusiones que tienen que ser tomadas en cuenta en la investigación.
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En marzo pasado, el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador anunció, como parte de la estrategia para combatir la violencia de género, la creación de un registro de víctimas indirectas, particularmente menores de edad, que sean dependientes económicos de mujeres asesinadas, además de un acompañamiento integral.
El Inmujeres dijo a Animal Político que revisarán los expedientes de muertes violentas de mujeres en el periodo mencionado para generar un registro de huérfanos con los datos que proporcionen las 32 fiscalías y procuradurías del país, aunque ese registro será solo una muestra.
Se espera que para mayo de 2020 se tengan los resultados.
Víctimas deben pelear por sus derechos
Al no existir para el Estado, las víctimas acuden a otras dependencias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para exigir los derechos que les corresponden.
En marzo de 2018 ocho familias del estado de Coahuila denunciaron ante la CNDH el abandono del Estado para el mismo número de menores de edad, que quedaron huérfanos por feminicidio.
Las denuncias derivaron en las correspondientes recomendaciones de la Comisión a instancias estatales, para que las víctimas tuvieran acceso a una reparación integral del daño.
La CNDH informó a Animal Político que de marzo de 2018 a la fecha no tuvieron más denuncias como estas.
María Eréndira Cruzvillegas, encargada de la Cuarta Visitaduría de la CNDH, órgano vigilante de que las autoridades garanticen los derechos de las víctimas indirectas de feminicidios, explica que el papel de la Comisión no puede ir más allá de la recomendación y vigilar que esta se cumpla.
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Cruzvillegas refiere que en 2018, la CNDH realizó un diagnóstico nacional sobre las víctimas indirectas y plantearon la necesidad de crear un sistema de protección para éstas y en particular para niños y niñas que pierden a sus madres.
La Cuarta Visitadora destaca el trabajo que se ha hecho en estados como Chihuahua, Colima, Hidalgo, Nuevo León y Coahuila para aplicar mecanismos de protección y garantizar la reparación integral, aunque desconoce si en estas entidades existe un registro del número de casos.
Para Cruzvillegas la figura de víctimas indirectas es insuficiente ya que los menores de edad suelen no tener voz y voto en este tipo de investigaciones.
En su opinión hace falta una homologación de mecanismos para que todos los estados actúen igual y se tenga la información que permita la creación de una base de datos nacional.
“No hay cifra oficial, en algún momento nosotros solicitamos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tuviera ese procedimiento pues nosotros no contamos con datos duros (…) también hace falta una política pública integral que priorice a la infancia en todos los estados ya que las niñas y los niños, en particular los que quedan solos por feminicidios o desaparición de sus madres”, finaliza.
Sin apoyo del Estado quedan en manos de familiares
Sin un registro nacional ni dependencias que velen por ellos, la mayoría de los hijos de mujeres víctimas de feminicidio quedan en manos de sus familiares más cercanos, que regularmente son los abuelos, tíos y, en algunos casos, los padres.
Desde el 31 de diciembre de 2016 cuando Campira fue asesinada, Carlos y Alexa quedaron bajo el cuidado de su abuela, Margarita Alanis.
En aquel momento Carlos y Alexa tenían 12 y 2 años, respectivamente. Margarita decidió asumir la responsabilidad de sus nietos pues el padre de Carlos había muerto de cáncer y el papá de Alexa se había separado hace tiempo de su hija.
En entrevista para Animal Político, Margarita relató que sus abogados se percataron de que la investigación no contemplaba a los menores como víctimas indirectas, por lo que se reinició la indagatoria y casi dos años después, el Estado ofreció ayuda, pero insuficiente, según la abuela de los menores.
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“Las autoridades me ofrecían un número de terapias limitadas o con psicólogos que no estaban especializados en la edad de mis nietos, por eso mejor lo rechacé”, comentó.
Durante el periodo en que los hermanos no existieron para el Estado, Margarita se llevó a Carlos a Acapulco —donde vive su abuelo— para que cursara la secundaria en una escuela privada y Alexa permaneció en la CDMX donde fue inscrita en un kínder. Al mismo tiempo asistía a las audiencias en contra de Jorge Humberto “N” quien ya fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.
Otra de las razones por las que Margarita rechazó la ayuda del gobierno es que le pedían que Carlos regresara a la capital para poder acceder a las terapias, ya que estando en Acapulco no podrían brindarle la ayuda.
La madre de Campira prefirió pagar con sus propios ingresos, que son de 9 mil pesos mensuales, la educación y terapias de sus nietos a pesar de ser un derecho que el Estado por obligación debería brindarles.
Desconocimiento total de datos y leyes
Margarita cuenta que aquel 1 de enero de 2017, cuando fue informada del asesinato de Campira y acudió al Ministerio Público para reconocer el cuerpo y levantar la denuncia correspondiente, los funcionarios no le informaron sobre sus derechos ni le explicaron que era una víctima indirecta.
“Me trataron de una forma cortante, sin sensibilidad, solo recuerdo que me dieron una hoja con 50 puntos que tenía que firmar, yo solo quería que me entregaran el cuerpo de mi hija así que firmé sin leer pero ellos nunca me informaron sobre mis derechos”, relata.
La hoja que Margarita firmó era la carta de sus derechos que incluye una leyenda en la que dice que los funcionarios en turno le informaron debidamente sobre los mismos, aunque esto no sucedió.
El asesino de su hija quiso aparentar un suicidio dejando las llaves del gas abiertas, pero lo que comprobó el feminicidio fueron las huellas de tortura y estrangulación que Campira tenía en su cuerpo, así como un par de videos que revelan que Jorge Humberto “N” fue el último en salir del departamento donde ella fue asesinada.
“Yo no sabía que tenía derechos, pensé que la única víctima había sido mi hija, no sabía que mis nietos y yo éramos víctimas indirectas y que teníamos que reclamar nuestros derechos”.
“Padres e hijos reciben un trato nefasto”
Ana Yeli Pérez, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y representante legal de huérfanos por feminicidio, considera que la falta de un registro federal de menores en esta situación tiene que ver con un problema de fondo.
En entrevista, Ana Yeli explica que en la mayoría de los casos las víctimas indirectas, ya sean menores o adultos, no quedan registrados como tal por el desconocimiento mismo de las autoridades sobre la Ley General de Víctimas, así como su mal desempeño durante la investigación del caso.
Por ello es que los huérfanos por feminicidio, así como sus familiares más cercanos, no alcanzan nunca una reparación integral del daño.
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De acuerdo con Ana Yeli, desde el primer contacto, los familiares de la víctima directa reciben un trato “nefasto y poco comprensivo” por parte del personal del Ministerio Público, además de que casi nunca son informados sobre sus derechos, como en el caso de Margarita.
La abogada del OCNF considera que la Ley General de Víctimas “es buena pero es muy reciente” y a esto se suman otros inconvenientes como el hecho de que en muchos estados aún no hay una Comisión de Atención a Víctimas, instancia encargada de garantizar sus derechos.
“Creo que los problemas para la aplicación de la ley siguen siendo estructurales y de deficiencias de los servidores públicos porque no la conocen, y peor aún, ignoran los estándares internacionales a los que México está comprometido para la garantía de los derechos humanos de las víctimas”, explica.
Ana Yeli también hace hincapié en el deficiente sistema de procuración y administración de justicia que desde hace años impera en México y que propicia la permanencia de la impunidad así como la falta de sanciones a los funcionarios que no hacen bien su trabajo.
Esto provoca que, en la mayoría de los casos, los familiares de las víctimas sean los responsables de buscar asesoría legal, pagarla y luchar, a veces por años, por una reparación integral del daño.
Los más afectados de que no exista un registro nacional de víctimas indirectas y en específico de huérfanos por feminicidio, son los menores de edad quienes tienen que depender de alguien más para defenderse legalmente.
Para que esta situación cambie a favor de las víctimas, opina Ana Yeli, se necesita una reestructuración de fondo en el sistema judicial por parte del actual gobierno federal, con personal debidamente preparado y que tenga conocimiento de las leyes, derechos de las víctimas y derechos humanos.
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