Tribunal ordena reaprehensión de militares implicados en caso Tlatlaya

A más de 5 años del enfrentamiento entre el Ejército y un grupo criminal en Tlatlaya, Estado de México, que dejó un saldo de 22 civiles muertos, un tribunal federal ordenó la reaprehensión de siete oficiales militares que participaron en los hechos y que habían sido absueltos en 2016 por falta de elementos en su contra. 
La magistrada del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, Olga María Josefina Ojeda Arellano, ordenó la recaptura de los siete militares por ejercicio indebido del servicio público y, para tres de ellos, por el delito de homicidio, según informó el diario Reforma.
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Los siete militares son: Ezequiel Rodríguez Martínez; Samuel Torres López; Julio César Guerrero Cruz; Alan Fuentes Guadarrama; Fernando Quintero Millán; Roberto Acevedo López, y Leobardo Hernández Leónides. Todos integrantes, al momento de la matanza, del 102 Batallón de Infantería. 
Fernando Quintero, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández son los elementos acusados por ambos delitos. Si éstos llegan a ser detenidos no obtendrían libertad ya que el homicidio merece prisión preventiva. Los otros cinco militares sí podrían obtener libertad provisional.
La Fiscalía General de la República será la dependencia encargada de acatar la orden del tribunal.
En la madrugada del 30 de junio de 2014, 22 “presuntos criminales” fueron asesinados por soldados, durante un enfrentamiento en una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
En octubre del mismo año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que los soldados cometieron “privación arbitraria de la vida de las personas que se encontraban al interior de la bodega”, con excepción de tres mujeres sobrevivientes y dos presuntos secuestrados.
Según las mujeres sobrevivientes, los militares entraron a la bodega, encontraron a los civiles desarmados, los sacaron uno por uno, los obligaron a hincarse, a decir su apodo, su edad y ocupación, para después dispararles.
Además las tres sobrevivientes denunciaron tortura y violación a sus derechos humanos por parte de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México –ahora Fiscalía –, para tratar de incriminarlas con un grupo delictivo.
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Tras estas acusaciones fueron detenidos los siete militares antes mencionados, pero en 2016 fueron absueltos por falta de pruebas en su contra.
En agosto de 2018 el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal ordenó a la entonces PGR corregir su investigación sobre estos hechos y realizar “una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la ilegal orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Dicha resolución fue en respuesta a un recurso de la víctima y sobreviviente Clara Gómez González, quien reiteró la acusación de que las ejecuciones se cometieron de forma arbitraria.
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