La pandemia por el coronavirus tiene al mundo en pausa. El aislamiento preventivo y obligatorio que rige en nuestro país desde el 20 de marzo cambió el paradigma económico y social. Adaptarse a este nuevo ritmo de vida es complejo y todos los estratos sociales se ven afectados de alguna manera. Entre todas las políticas públicas que el gobierno de Alberto Fernández realiza para evitar el colapso del sistema de salud ante una gripe mortal aún sin vacuna, la decisión de jueces de otorgar prisión domiciliaria a los presos y así detener la propagación de coronavirus en las cárceles generó un pico de indignación y polémica en la sociedad. Los hashtag #AlbertoLiberaVioladores y #AlbertoLiberaAsesinos fueron Trending Topic desde que la noticia comenzó a girar en la web. Las redes explotaron de personas asustadas y un ejército de trolls apuntó sin muchas vueltas al feminismo generando como otros trendings: #DondeEstánLasFeministas y #ElFeminismoHaMuerto. Sí. Así es. Las feministas, que son quienes luchan a diario para combatir la violencia machista y denunciar acosos y abusos por parte de varones violentos, figuran en las redes como cómplices en la difícil decisión que deben tomar jueces y juezas respecto a la salubridad de los presos en nuestro país.El tema es complejo. Quienes se encuentran privados de su libertad, además de posibles (más de la mitad de los presos no tienen condenas firmes) delincuentes, son personas (parece hasta ridícula la aclaración pero hay que hacerla). Y como tales, merecen estar amparados por los derechos humanos. Las fakenews se dispararon y aparecieron en charlas de guasap, publicaciones en Facebook y Twitter sin tener el tiempo siquiera de chequear titulares mentirosos o mal intencionados. Los medios de comunicación, además, factor clave en estas instancias en donde todo el mundo guglea “presos libres”, funcionan como válvula de escape. Pero en vez de drenar y aclarar el panorama, la mayoría lo empasta. A muchas personas les viene muy bien el mood “libertad de presos y confusión”. La idea de esta nota no es profundizar ya que el tema merece ser abarcado de forma integral, pero sí hacer algunas aclaraciones importantes para frenar la desinformación que circula y, sobre todo, desvincular a los feminismos de esta ecuación que, realmente, tienen lo mismo que ver con el tema que el culo con el espacio: nada.Para eso, hablamos con la periodista especializada en judiciales Sol Rodríguez Garnica, sobre cuántos presos por abusos sexuales hay y cuáles son las lecturas erradas sobre esto. “Hay que entender algo, en cualquier momento del proceso penal, las personas tienen derecho a pedir distintas modificaciones de su pena, que le permiten pedir domiciliarias y salidas transitorias, para ir alivianándola. El derecho a pedido lo tienen todos. En la mayoría de los casos, se los rechaza pero en el marco de la pandemia lo que sucede que hay algunos pedidos que se toman”, aclara la especialista.Una de las cartas de la oposición dentro de esta problemática fue indicar que muchísimos de los presos beneficiados por la prisión domiciliaria son abusadores o femicidas. Con ese argumento, además, se intenta atacar al feminismo. Particularmente al feminismo peronista por no pronunciarse en contra de estas medidas. Es importante saber, primero y antes de dar datos, ¿qué es el feminismo? O mejor dicho, ¿qué son los feminismos? Porque como es (son) de los movimientos políticos y sociales más grandes del mundo, tienen muchísimas vertientes, integrantes, ideas y diferencias. No existe un solo feminismo, no funciona como un único organismo y está conformado por millones de feminidades, ergo, la pronunciación que parece que esperan, lamento informales, jamás llegará. Pero aún así, acá estamos. Intentado desarmar y desmitificar lo que parece ser “una suelta de violadores a las calles”. Porque lo que llaman “liberación de miles de presos” es en realidad prisiones domiciliarias a presos por delitos leves y fueron dadas a aproximadamente mil personas en las últimas tres semanas.
Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena Elaborado por la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal.
El último dato oficial (2018) indica que, de 94.883 detenidos en todos el país, los presos por abusos sexuales son 10.600 (el 10%) y ese número abarca desde los casos más leves hasta los más graves. Pero así como la mayoría de los conflictos en nuestro país, el problema es estructural. Tanto las condiciones paupérrimas del sistema carcelario como el machismo radical y dominante en nuestra Justicia, hacen que los feminismos deban estar atentos. Asociaciones civiles y familiares de víctimas por femicidios o abusos sexuales, realizaron esta misma semana cartas y pedidos formales para que se detengan varias de estas prisiones domiciliarias porque atentan contra la vida y la integridad de las personas que fueron víctimas de estos delitos.
“En el caso especifico de los abusadores y femicidas, para la justicia en general esos son delitos graves”, sostiene Garnica pero aclara: “El tema es que, no nos olvidemos que hay jueces con nula perspectiva de género y atravesados por el machismo, entonces si bien hay recomendaciones que excluyen a estos delitos, también puede pasar que algún juez considere que cierto tipo de abuso sexual no es un delito grave. Entonces hay que estar atentas. Lo que no hay que generar es caos porque no es cierto que están liberando violadores. La mayoría de los pedidos de domiciliaria de personas presas por abusos están siendo rechazados”. En nuestro país las condiciones de higiene en las cárceles son precarias y ante un virus que se propaga tan rápido en situaciones de hacinamiento, estos lugares son peligrosísismos focos de contagio. Y adivinemos, ¿a dónde van a ir los casi 100 mil presos cuando se contagien todos y gravemente Covid-19? Exacto, sí, a los hospitales. ¿Y qué pasa si eso ocurre? Probablemente todo el sistema de salud colapse.Cabe mencionar que la decisión de otorgar estos permisos nace de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización Mundial de la Salud. “La idea de las recomendaciones es para descomprimir la situación penitenciaria y dejar a la gente que cometió delitos graves o muy graves adentro pero sin posibilidad de contagio”, explica Garnica.Otro punto a destacar es que nuestro país cuenta con la división de poderes y eso implica que, si bien desde el gobierno pueden sugerir estas cuestiones, no es ni el presidente Alberto Fernández ni ningún diputado o diputada quienes deciden el otorgamiento de estas prisiones domiciliarias. “Los que tienen la obligación de tomar estas decisiones, son los jueces y el poder judicial. Lo que puede hacer el gobierno es seguir las recomendaciones pero bajo ningún punto de vista son quienes deciden lo que sucede en el Poder Judicial. Los que firman son los jueces de ejecución penal, de casación, de instrucción o de tribunal oral”, finaliza la especialista.
